Colombia: proponen nuevas elecciones legislativas ante crisis

Javier Baena/AP
Domingo, 18 de Febrero de 2007

Las elecciones deben convocarse el año próximo en la mitad del actual periodo 2006-2010. Foto AP

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Bogotá, Colombia, 18 de febrero. Propuestas de convocar a nuevas elecciones para reemplazar al Congreso contaminado por el paramilitarismo y aplazar los comicios regionales de octubre, surgieron a raíz del terremoto político generado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llevar a cárcel a nueve congresistas oficialistas e investigar a muchos más.

"La credibilidad del Congreso ante la opinión pública está herida de muerte por este escándalo y por eso tenemos que buscar un acuerdo para convocar a nuevas elecciones", declaró el domingo a la AP la senadora Martha Lucía Ramírez, ex directora del Partido de la Unidad Nacional, el principal de la coalición de gobierno.

Agregó que las elecciones deben convocarse el año próximo --en la mitad del actual periodo 2006-2010--, pero en ellas no podrían participar "ni dirigentes que tengan investigaciones judiciales en curso ni parientes de los congresistas que han sido condenados" para evitar el traslado por derecho de sucesión del poder de políticos corruptos, como ha sucedido en Colombia en años recientes.

"Además, debe haber consecuencias para quienes otorgan avales para participar en las elecciones a personas indeseables: los partidos deben perder sus curules y los directores que avalaron los candidatos deben ser sancionados disciplinariamente", agregó.

Pero la presidenta del Congreso, Dilian Francisca Toro, declaró que la propuesta de Ramírez abriría el camino a una dictadura y constituye un castigo injusto a los mayoría de los legisladores que nada tienen que ver con el narcotráfico o los paramilitares.

"Si se cierra el Congreso habría una dictadura porque es el escenario democrático por excelencia y quedaría solo el Presidente decidiendo la suerte del país", agregó la senadora Toro, dirigente del mismo partido oficialista de la Unidad Nacional, en radio Caracol.

El senador Jorge Enrique Robledo, vocero del opositor Polo Democrático Alternativo, también rechazó la idea de revocar el actual Congreso elegido con amplias mayorías oficialistas.

"Cerrar el Congreso significa dar un golpe de Estado en el beneficio de convertir al presidente en un dictador", dijo Robledo a RCN radio.

"Los congresistas vinculados al paramilitarismo son todos uribistas, afines a la senadora que hace esta propuesta (Ramírez) y no creo que la solución sea quitarle la credencial a los congresistas de la oposición que no estamos acusados de absolutamente nada", agregó.

La senadora Ramírez --ex ministra de Defensa de Uribe-- aclaró que no se trata de cerrar el Congreso, sino que los propios legisladores reduzcan de cuatro a dos años su periodo y convoquen a nuevas elecciones.

El Partido Liberal, el principal de la oposición, propuso que las elecciones de alcaldes, gobernadores y legisladores regionales sean aplazadas alegando que todavía la influencia paramilitar persiste en muchas regiones y puede desviar la voluntad popular.

"¡A mí que no me vengan con el cuento de aplazar elecciones! ¡A mí que no me vengan con el cuento de quebrar instituciones!", afirmó el presidente Alvaro Uribe de manera enfática, el rechazar el sábado en un discurso en la población de Melgar la propuesta de la oposición liberal.

"Vamos para adelante con el proceso electoral de octubre. Este Gobierno, que le ha demostrado a los colombianos que aplica la Seguridad Democrática, para darles a los colombianos garantías políticas, se esmerará al máximo para que las elecciones de octubre sean un ejemplo", agregó el mandatario.

Uribe afronta críticas de sectores opositores e independientes por haber recibido el apoyo en las elecciones de 2006 de dirigentes políticos sospechosos de tener alianzas con los grupos paramilitares de extrema derecha destinadas a consolidar un enorme poder regional y nacional.

Además, por mantener en su cargo a la canciller María Consuelo Araujo, hermana del senador Alvaro Araujo, quien está preso mientras se lo investiga por los presuntos delitos de asociación con grupos armados al margen de la ley y el secuestro de un dirigente político.

Uribe manifestó que ella no tiene nada que ver con los cargos de su hermano y que la Corte Suprema extendió al padre de ellos.

Uribe ha replicado a sus críticos señalando que las alianzas entre dirigentes y paramilitares se descubrieron gracias al proceso de paz que pactó con las Autodefensas Unidas de Colombia y que permitió la desmovilización de 31.000 combatientes y 56 cabecillas, quienes han comenzado a confesar los crímenes cometidos en su guerra contrainsurgente, incluyendo los nexos con los políticos.