Comienza juicio a responsables de atentado en trenes de Madrid

AP
Domingo, 11 de Febrero de 2007

En España no existe la pena de muerte, pero los siete principales sospechosos podrían ser condenados hasta a 40 años. Foto AP

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Madrid, España, 11 de febrero. Los 29 presuntos autores del peor atentado terrorista en más de una década en Europa, y el peor de la España moderna, serán juzgados tres años después de que bombas fabricadas con dinamita y clavos estallaron en cuatro atiborrados trenes de pasajeros en Madrid, en lo que muchos consideran como el juicio del siglo.

El caso es tan importante, y la seguridad tan apremiante, que tuvo que ser trasladado a un edificio de ladrillo fuertemente vigilado en las afueras de Madrid. En España no existe la pena de muerte, pero los siete principales sospechosos podrían ser condenados hasta a 40 años de prisión cada uno por el ataque perpetrado el 11 de marzo del 2004, que dejó 191 muertos y más de 1.800 heridos.

Para muchos españoles, las heridas causadas por el atentado aún no han sanado. Los sobrevivientes, muchos de ellos paralizados o mutilados, dicen que el juicio que se iniciará el jueves será para ellos un recordatorio de todo lo que han perdido.

"Mis lesiones todavía están ahí, yo sigo metida en una pelea y no tengo fuerzas para luchar más", dijo Laura Jiménez, de 31 años, quien perdió al bebé que esperaba y quedó paralítica por los atentados. Fue la última de los heridos en ser dada de alta, casi un año después de la tragedia.

Jiménez expresó que las autoridades le pidieron declarar, pero no se atrevía a enfrentar el hecho de estar en un tribunal. "Si fuera iría como espectadora, sé que van a estar dentro de una pecera. No es lo mismo verles en persona que en una fotografía de un periódico".

Las autoridades dicen que no esperan incidentes de violencia o manifestaciones durante el juicio, que con seguridad se prolongaría hasta junio y en el cual participarían más de 500 testigos. Como sea, no están dispuestas a tomar riesgos.

Unidades de policía de elite, armadas con ametralladoras, vigilarán el edificio donde se realizará el proceso, y los sospechosos serán trasladados en un vehículo fuertemente blindado, para ser presentados ante la corte en una cámara protegida por vidrio a prueba de balas.

Entre los principales sospechosos se encuentran los marroquíes Basel Ghalyoun, Abdelmajid Bouchar, Youssef Belhadj y Jamal Zougam; y el español Emilio Trashorras, quien está acusado de proporcionar la dinamita empleada en el ataque. Todos se han declarado inocentes.

El abogado de Zougam, José Luis Abascal, dijo a The Associated Press que esperaba que el tribunal pudiera fallar con justicia a pesar de la atmósfera prevaleciente. Cuatro testigos sostienen que vieron a Zougam colocando una de las bombas en un tren, pero Abascal manifestó que demostraría la inocencia de su cliente.

"Afrontamos el juicio con esperanza y esperamos que se imparta justicia. Espero que haya un juicio justo", dijo.

De ser encontrados culpables, los siete enfrentarían cada uno 30 años de prisión por cada uno de los 191 muertos, así como 18 años por cada uno de los 1.820 intentos de asesinato. En total, las sentencias podrían totalizar 38.490 años para cada uno de los sospechosos, aunque conforme a las leyes españolas el mayor tiempo que uno puede pasar en prisión es de 40 años.

Los otros 22 sospechosos están acusados de crímenes menores, como colaborar con una organización terrorista y posesión de armas, y enfrentan penas de entre cuatro y 30 años.

Los siete principales organizadores de los atentados, sin embargo, nunca se presentarán ante un tribunal. Se inmolaron con explosivos tres semanas después del atentado, cuando la policía se cernía sobre su escondite en el suburbio madrileño de Leganes.

Otros tres, Said Berraj, Mohammed Belhadj y Daoud Ouhane, continúan prófugos y se cree que dejaron el país.

Los atentados en Madrid fueron los más cruentos en Europa desde la explosión del vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, en 1988.

El gobierno conservador encabezado por José María Aznar culpó en un principio a los milicianos vascos por el ataque, a pesar de las evidencias de que se trató de milicianos islámicos molestos por el apoyo español a la guerra encabezada por Estados Unidos en Irak.

La insistencia del gobierno dejó abierta la posibilidad de que se le acusara de tratar de encubrir la verdad y fue derrotado en las elecciones nacionales realizadas tres días después de los atentados por el actual presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Aunque los sospechosos declararon en un video su lealtad a la red terrorista al-Qaida, y dijeron ser inspirados por la ideología de su dirigente Osama bin Laden, una investigación de dos años no encontró evidencia alguna de lazos entre ellos y el grupo terrorista, o de que alguno de los allegados de bin Laden estuviera al tanto de sus planes.

La mayor parte de los sospechosos son inmigrantes norafricanos, algunos con amplios antecedentes por narcotráfico y robo. La policía escuchó sus comunicaciones varios días antes de la explosión e incluso detuvo el automóvil de uno de ellos mientras transportaba dinamita a la capital.

Sin embargo, las autoridades pensaron que planeaban realizar una operación de narcotráfico de poca importancia y no intervinieron.

Uno de los principales funcionarios contra el terrorismo en el país durante esas investigaciones dijo a The Associated Press que el ataque dejó en claro las deficiencias de las fuerzas de seguridad.

Pero desde entonces se ha triplicado el número de agentes encubiertos que vigilan a supuestos militantes en España, y se ha intensificado la cooperación con agencias de seguridad de otros países. Docenas de sospechosos han sido arrestados en operaciones en todo el país.

La reacción parece haber dado resultados. España no ha padecido otros ataques de militantes islámicos desde aquel fatídico 11 de marzo.