EEUU: relativa tranquilidad de niños indocumentados en albergues

Peter Prengaman/AP
Martes, 09 de Enero de 2007

Fullerton, California, EE.UU. 9 de enero. La vida en un albergue público para niños inmigrantes ilegales podría resultar poco tentadora, pero para Sandra, de 16 años, significa una mejoría enorme respecto a lo que dejó en Guatemala.

Para empezar, tiene comida suficiente y nadie la golpea. Incluso consiguió estudiar, un lujo que no había tenido desde que abandonó la escuela en el tercer grado de primaria.

Ha estado sola desde que tenía 10 años, cuando huyó de su casa en Guatemala donde era maltratada. Fue aprehendida por autoridades de la agencia de inmigración de Estados Unidos hace dos meses cuando trataba de ingresar ilegalmente al país por el desierto de Arizona. Ahora está entre una veintena de adolescentes en el albergue de Fullerton, a unos 56 kilómetros al sureste de Los Angeles.

"Aquí me siento más protegida que nunca antes. Es como si volviera a ser una muchachita", dijo Sandra, cuyo apellido no puede ser mencionado porque es una menor bajo custodia gubernamental.

Lo que les sucede a los niños sin compañía que son detenidos varía en función de su país de origen. Los menores mexicanos son por lo general deportados en seguida a su nación. Los que no provienen de México son alojados en albergues mientras el gobierno decide si los entrega a familiares que vivan en Estados Unidos, los deporta o los deja al cuidado de alguna familia.

Los albergues, considerados un refugio temporal, evocan los dormitorios escolares, donde los niños toman cursos de inglés, reciben atención médica y juegan fútbol en parques locales.

"Esto es como un hotel", dijo Edwin, un hondureño de 17 años detenido también mientras trataba de cruzar la frontera de México con Arizona.

Antes del 2003, los niños eran puestos a menudo en centros juveniles de detención. Vivían más como delincuentes que como alumnos, y las condiciones de reclusión eran fuente de querellas. El Congreso intervino y entregó el cuidado de los niños solitarios a la Oficina de Reubicación de Refugiados, la cual reestructuró y expandió el sistema de albergues casi en desuso.

Aunque la vida cotidiana es mejor, grupos de derechos civiles y asistencia legal critican el sistema por no preparar a los menores para el proceso judicial que les espera.

Después de que son liberados, millares no acuden a sus audiencias en tribunales de inmigración debido a la confusión sobre el proceso o al temor de ser deportados. Muchos de los ausentes podrían recibir la residencia legal en Estados Unidos debido a que fueron abandonados o maltratados en su país de origen.

Sandra, quien afirma que su padre la golpeaba con tanta frecuencia que decidió huir de su casa, podría obtener una tarjeta verde _permiso de estadía_ si convence al juez del maltrato y de los años que ha pasado sola.

Grupos de derechos civiles consideran que los menores como Sandra necesitan ayuda legal para transitar el sistema de inmigración.

"La mayoría nunca solicita el estado legal al que podrían acceder porque nadie los ayuda", dijo Peter Schey, un abogado de Los Angeles que se especializa en asuntos de inmigración con menores.

La mayor parte de los 7.800 menores inmigrantes que pasaron por la custodia gubernamental el año pasado eran adolescentes de Centroamérica, aunque los países de origen iban también de China a Irak. Sus motivos variaban desde buscar trabajo hasta reunirse con su familias pasando por huir de pandillas violentas.

En promedio, pasaron entre 45 y 60 días en un albergue de Arizona, California, Washington, Illinois, Indiana, Texas, Nueva York o Florida.

Los grupos opuestos a la inmigración ilegal dicen que son sensibles al suplicio de los niños, pero aseguran que existen pocas situaciones que justifiquen su permanencia en Estados Unidos. Su molestia mayor es con los menores que ingresaron para reunirse con parientes que llegaron ilegalmente.

Si sus padres "violan la ley, y al hacerlo dividieron a sus familias, la obligación de solucionar la situación es de ellos", expresó Ira Mehlman, vocero de la Federación para la Reforma Estadounidense en Inmigración.

El temor a la deportación lleva a algunos niños a escapar de los albergues, aunque por ley no pueden ser deportados antes de la audiencia o sin su consentimiento para salir del país.

Lynda Scarlino, directora de planificación en el albergue de Fullerton, dijo que los adolescentes cercanos a los 18 años se ponen particularmente nerviosos porque saben que como adultos pueden ser deportados de inmediato.

Elsa, una guatemalteca de 17 años de edad y ocho meses de embarazo, está preocupada de ser deportada. Sus padres todavía están en Guatemala: viajó a Estados Unidos para trabajar y ayudarlos. Espera ser entregada a un hermano que vive en Phoenix antes de cumplir los 18.

Los niños pueden ser entregados a parientes adultos, sin importar su condición migratoria, en caso de que los gerentes de los albergues los consideran proveedores adecuados.

Elsa dijo que no puede hacer nada antes de tener a su bebé, quien de nacer en Estados Unidos será ciudadano estadounidense. Pero el estado legal del bebé no elimina la posibilidad de que su madre pueda ser deportada.

"Mejor espero", manifestó Elsa. "Sería peor si salgo de aquí y me atrapan de nuevo".