Gobierno boliviano dice que se defenderá ante Glencore

AP
Miercoles, 14 de Febrero de 2007

El presidente de Bolivia Evo Morales durante su visita a Brasil donde se reunio con cu homólogo Lula da Sliva. Foto:AP

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La paz, Bolivia, 14 de febrero. El gobierno boliviano se defenderá ante la posibilidad de que la empresa suiza Glencore plantee demandas en su contra reclamando una indemnización por la reciente confiscación de la empresa fundidora de metales Vinto, se informó el miércoles.

En declaraciones publicadas por la prensa local, el ministro de Minería, José Dalence, dijo que el gobierno reconoce la libertad de la empresa "de reivindicar sus derechos".

"Y donde sea que se planteen algunas acciones en contra de la medida que hemos adoptado, van a ser respondidas, porque nosotros también consideramos que tenemos derechos como Estado", agregó.

Glencore anunció el martes en un comunicado emitido en Ginebra que "se reserva el derecho" de reclamar una indemnización plena por la confiscación, firmada el viernes por el presidente Evo Morales, y que de no recibir respuesta satisfactoria podría recurrir a tribunales arbitrales internacionales para demandar al gobierno boliviano.

Denunció también que el gobierno de Morales tomó la fundidora de Vinto, 211 kilómetros al sur de La Paz, con el apoyo de tropas militares, y que al momento los empleados de la empresa --alrededor de 450-- trabajan a órdenes de una estructura estatal sin la supervisión de expertos. Ellos habrían sido expulsados el viernes.

A su vez, el viceministro de Coordinación, Sacha Llorenti, dijo a la prensa que Glencore está impedida de ampararse, para formular sus reclamos, a un acuerdo de protección de inversiones firmado en 1991 entre Bolivia y Suiza, porque Glencore "es una transnacional" y ya no tendría el carácter de empresa helvecia.

Según versiones periodísticas difundidas por la red televisiva PAT, Glencore pagó en 2004-2005 por Vinto alrededor de 100 millones de dólares a la Compañía Minera del Sur (Comsur), que además de la planta le vendió otras concesiones mineras por un total de 200 millones de dólares.

Comsur tenía entre otros socios al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), de quien Morales reclama su extradición de Estados Unidos por la revuelta de 2003 que dejó 60 muertos y lo obligó a renunciar, aunque según el ex mandatario la mayoría accionaria estaba en manos de la británica Río Tinto Zinc (RTZ).

Morales justificó la confiscación al señalar que la venta en 1999 de Vinto por parte del gobierno del fallecido ex presidente Hugo Banzer a la empresa indo-británica Allied Deals en alrededor de 14 millones de dólares fue fraudulenta, no sólo porque al estado le costó alrededor de 140 millones, sino también porque con las instalaciones se habrían entregado metales valuados en varios millones de dólares más que lo pagado por la planta.

Allied, en proceso de quiebra, vendió en 2002 Vinto a Comsur, según Morales por alrededor de seis millones de dólares.

Morales anunció el viernes, después de la firma del "decreto de nacionalización de Vinto" que su gobierno hará lo propio con todas las concesiones que pertenecieron a Sánchez de Lozada, compradas por Glencore.

Vinto procesa básicamente estaño.