Gobierno boliviano se enfrenta a protestas sociales
AP
Lunes, 14 de Mayo de 2007
| Las marchas de diversos sectores ocasionaron la semana pasada en La Paz el bloqueo del tránsito vehicular en la zona central. Foto AP
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La Paz, Bolivia, 14 de mayo. El gobierno inició el lunes una nueva semana de protestas de sectores como el de personas discapacitadas, de vendedores de ropa usada y de los maestros estatales de La Paz, que amenazan con radicalizar medidas de presión.
Los vendedores de ropa usada, traída de Estados Unidos y Europa, fueron el domingo más allá de las marchas que realizaban desde la semana pasada en varias urbes del país al emprenderla a golpes en la ciudad de Santa Cruz contra microempresarios del sector confeccionista, que ha criticado sus actividades.
Las marchas de diversos sectores ocasionaron la semana pasada en La Paz el bloqueo del tránsito vehicular en la zona central.
Ahora, además de las ya frecuentes marchas, amenazan con huelgas de hambre y otras medidas a fin de que el gobierno amplíe el plazo, concluido el mes pasado, para importar indumentaria, mientras el propio Ejecutivo pone en marcha programas ofrecidos de financiamiento para la instalación de pequeños talleres textiles, como salida laboral.
En tanto, el sector de las personas con discapacidad, que ya mantiene una huelga de hambre en La Paz, anunció que esta semana iniciará una marcha en sillas de ruedas desde la ciudad de Potosí --580 kilómetros al sur-- hacia esta urbe, reclamando la institución de un bono anual de 5.000 Bolivianos, equivalente a 625 dólares.
El presidente Evo Morales dijo la semana pasada que será "imposible" atender ese reclamo, porque, bajo el supuesto de que 1,1 millones de bolivianos padecen de alguna minusvalía, el bono implicaría el pago de más de 600 millones de dólares anuales, es decir, la mitad del presupuesto estatal para inversiones de este año.
A su vez, el dirigente del magisterio estatal de La Paz José Luis Alvarez anunció que ese sector volverá a las marchas desde el miércoles, en rechazo a un proyecto de nueva ley educativa del gobierno y en demanda de mejoras salariales.
El proyecto ha sido considerado, bajo diversas razones, como negativo para la enseñanza por el magisterio, por la oposición, por las influyentes organizaciones cívicas regionales del oriente del país y por la Iglesia Católica.
Para la Iglesia y las organizaciones cívicas, el proyecto supondría conculcar el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y supuestamente abolir la enseñanza religiosa, mientras que para el magisterio establecería mecanismos de control adicionales a su tarea e impondría criterios de carácter indigenista.
La semana pasada, y tras intensas jornadas de protesta, el gobierno logró acuerdos con un grupo de policías disconformes que reclamaba mejoras laborales, una parte del magisterio y los trabajadores estatales del sector salud.
