16 de Octubre de 2017 | La Realidad Política
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La ciudad de Chicago demanda a Trump

El Discurso
Martes, 08 de Agosto de 2017

Chicago no permitirá que se aíslen y violen los derechos fundamentales de sus residentes, y nunca renunciará a la condición propia de ciudad acogedora. Foto: PI       ver galería

La ciudad estadounidense de Chicago, en el estado de Illinois, presentó una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump por las amenazas de retener fondos para la seguridad pública de las llamadas urbes santuario. Tales territorios, que son unos 200 a nivel nacional, limitan su colaboración con las autoridades federales en aras de ofrecer resguardo a los inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con el reclamo, las políticas federales fuerzan a la tercera mayor ciudad norteamericana a elegir entre sus derechos constitucionales y los fondos para hacer cumplir la ley.

Esas nuevas condiciones, sostiene, también chocan con la política de Chicago que promueve la cooperación entre las autoridades y las fuerzas del orden locales y las comunidades de inmigrantes.

“Llevamos adelante este desafío jurídico pues la retórica y las amenazas de la presente administración están impulsando una cultura y un clima de temor”, manifestó Ed Siskel, asesor legal del alcalde de la urbe, Rahm Emanuel.

“Chicago no permitirá que se aíslen y violen los derechos fundamentales de sus residentes, y nunca renunciará a la condición propia de ciudad acogedora”, apuntó la víspera Emanuel al anunciar el paso dado este lunes.

“No posibilitaremos que nuestros oficiales de policía se conviertan en peones políticos de un debate”, recalcó el alcalde en conferencia de prensa.

Las ciudades santuario en Estados Unidos carecerán de la posibilidad de participar en un nuevo programa gubernamental de entrenamiento contra el delito, indicó hace cuatro días el fiscal general, Jeff Sessions.

Al proteger a criminales de la aplicación de las leyes sobre inmigración, tales urbes y estados nos dejan a todos menos seguros, consideró Sessions.

El pasado 26 de julio, el secretario de Justicia anotó en un comunicado que las entidades estadounidenses deseosas de fondos de un programa del departamento bajo su cargo deberían cumplir las normas contra dichas urbes.

Según las medidas, las autoridades locales deberán abrir sus cárceles a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y notificar con 48 horas de antelación la puesta en libertad bajo custodia de cualquier persona sin papeles.

Para alcanzar la máxima prioridad del Departamento de Justicia de reducir los delitos violentos debemos alentar a estos territorios santuario a cambiar sus políticas, sostuvo.

Reportes periodísticos divulgaron que el programa de ayudas Byrne JAG reparte unos 375 millones de dólares anuales destinados a personal, equipos y entrenamiento.

Escasos días después de asumir el cargo el 20 de enero último, Trump firmó un decreto ejecutivo para resucitar los programas de cooperación entre las fuerzas del orden y las autoridades migratorias.

La disposición se encaminó además a interrumpir la concesión de ciertos recursos financieros a las urbes referidas.

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