Litigio histórico sobre operación contra indocumentados en EEUU
AP
Lunes, 12 de Marzo de 2007
| La Ley impondría multas a caseros que renten vivienda a indocumentados y castigaría a las empresas que los contraten. Foto AP
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Scranton, Pensilvania, E.U.A., 12 de marzo. El primer juicio federal en Estados Unidos para explorar si los gobiernos locales pueden actuar por su cuenta contra los inmigrantes ilegales comienza el lunes en Scranton.
En una parte del proceso está el alcalde de Hazleton Lou Barletta, quien afirma que los indocumentados forman pandillas, trafican drogas, cometen delitos violentos y arruinan la calidad de vida en su ciudad pequeña en el noreste de Pensilvania. En el otro lado están grupos hispanos y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles que consideran inconstitucionales las leyes adoptadas por Hazleton sobre la inmigración ilegal.
En Estados Unidos viven alrededor de 12 millones de inmigrantes ilegales. Hasta ahora, algunas decenas de localidades han tomado acciones para tratar de contenerlos, como el planteamiento de medidas para hacer del inglés el idioma oficial y la colaboración con las autoridades de inmigración para reportar a los residentes ilegales.
Al mismo tiempo, a nivel nacional, el Congreso estadounidense mantiene un debate amplio sobre el tema.
Ha transcurrido casi un año desde que Hazleton puso en marcha una campaña notoria para deshacerse de los inmigrantes ilegales. La Ley Alivio de la Inmigración Ilegal impondría multas a los caseros que renten vivienda a indocumentados y anularía los permisos de operación a las empresas que los contraten. Una medida paralela exige a los inquilinos que se registren ante las autoridades locales.
El juez de distrito James Munley, que presidirá el juicio sin jurado, impidió la aplicación de las leyes y condicionó su instrumentación al resultado del proceso, que podría durar dos semanas.
Las leyes de Hazleton fueron propiciadas por varios delitos serios que implicaron a inmigrantes ilegales. Dos indocumentados de República Dominicana fueron acusados en mayo del 2006 de matar a tiros a una mujer de 29 años, mientras un muchacho de 14 años fue detenido por disparar con una pistola en un patio de recreo.
En documentos judiciales, Hazleton dijo que al menos 47 delitos son imputados a indocumentados desde mediados del año pasado, lo cual ha obligado a gastar una gran parte del presupuesto de tiempo extra de la policía citadina. Un tercio de los detenidos por drogas en el 2005 fueron inmigrantes ilegales, dijeron las autoridades de la ciudad y afirmaron que los indocumentados han elevado los costos de salud y educación en la localidad.
Los críticos de las leyes dicen que si son ratificadas las medidas de Hazleton, los residentes blancos sospecharán de todos los hispanos.
César Perales, presidente del Fondo Puertorriqueño de Educación y Defensa Legal, dijo el domingo en una conferencia de prensa que la mayoría de los latinos en Hazleton están legalmente radicados y señaló que los boricuas son ciudadanos estadounidenses.
