Paramilitares en Colombia se enriquecen ilicitamente

Frank Bajak/AP
Sábado, 27 de Enero de 2007

San Onofre, Colombia. Bajo el disfraz de una campaña contrainsurgente, las milicias derechistas privadas se apoderaron metódica y brutalmente en la década pasada de millones de hectáreas de las mejores tierras rurales de Colombia que pertenecían a campesinos.

Ahora, mientras el gobierno desmantela a los grupo paramilitares, una investigación realizada descubrió que se hace muy poco para que las víctimas puedan recuperar sus tierras.

El gobierno del presidente Alvaro Uribe dice que obligará a los jefes desmovilizados de esas milicias a entregar los bienes malhabidos, pero está respaldando políticas que permitirían a los ladrones conservar la vasta mayoría de las propiedades robadas.

Los ganadores son la elite colombiana, los terratenientes, políticos y empresas que financiaron a esas milicias y las utilizaron para aumentar su riqueza. Los perdedores son los pobres que fueron asesinados u obligados a entregar sus tierras y unirse a los cientos de miles de personas desplazados por el conflicto.

"¿Qué esperanzas se pueden tener?", dijo Luis Francisco García, quien fue desterrado de su finca hace tres años y medio junto con su familia. "Antes tenía una granja, ¿y ahora tengo que suplicar por un plato de comida?"

Los grupos paramilitares surgieron en la década de los 80, financiados por hacendados para enfrentar las extorsiones de las guerrillas izquierdistas, y terminaron convirtiéndose en mafias con uniformes camuflados.

Cuando la guerrilla comenzó a retroceder, los paramilitares se enriquecieron mediante el tráfico de cocaína, robos y extorsiones, especialmente en la costa del Caribe, un territorio que llegaron a dominar. La policía y los oficiales militares se hacían los ciegos y con frecuencia hasta les brindaban una mano.

En el 2002 Uribe fue elegido y se transformó en un firme aliado de Estados Unidos en un continente donde varios países giraron a la izquierda en los últimos años. Uribe endureció la ofensiva del gobierno contra las guerrillas a la vez que negoció un acuerdo de paz con los paramilitares.

Más de 31.000 combatientes se desmovilizaron bajo un pacto de paz del 2003 con el gobierno de Uribe, el cual da a los ex paramilitares de un estipendio mensual de casi 200 dólares, los ayuda a encontrar trabajo y acuerda sentencias reducidas para los líderes, a cambio de que confiesen todos los crímenes que cometieron.

Pero una buena parte de la elite política del país sigue en deuda con los cabecillas paramilitares, según el senador opositor Gustavo Petro, uno de los principales críticos del proceso de paz. Argumenta que esos ejércitos privados siguen siendo herramientas de misteriosos personajes que se han beneficiado del despojo de tierras.

"En el corazón de esta crisis está la relación entre el poder político y la posesión de la tierra", dijo un agrónomo de Naciones Unidas, Darío Fajardo.

Con información que fue difundida inicialmente por Petro, la Corte Suprema comenzó investigaciones en los últimos meses. Senadores y congresistas se han visto arrinconados por investigadores de la Corte Suprema por sindicaciones de recibir ayuda de caciques paramilitares para que fueran elegidos, mediante la intimidación de votantes, a cambio del financiamiento con fondos públicos de sus organizaciones.

Salvatore Mancuso, el primer cabecilla paramilitar en rendir testimonio como parte del proceso de desmovilización, dijo en enero que las milicias inclusive presionaron a la población para que votara por Uribe en el 2002.

Uribe negó conocer la campaña de intimidación a su favor, y no ha sido implicado en el escándalo.

Otros políticos, sin embargo, han admitido haber cooperado con los paramilitares. Un congresista reveló que él y otros 29 líderes políticos firmaron un pacto de colaboración con los paramilitares en el 2001.

Miles de ganaderos firmaron recientemente una desafiante carta abierta en la que aceptaron haberle pagado a los grupos paramilitares.

Esos desembolsos ocurrieron antes de que Uribe fuera elegido presidente, pero las políticas de su gobierno están consagrando el robo de tierras bajo escudos legales.

Un proyecto de ley que el ministro de Agricultura presentó al Congreso permitiría que alguien obtenga un título de propiedad con solo probar que ha estado en su posesión de un terreno durante cinco años.

El grupo de derechos humanos Comisión Colombiana de Juristas dice que la propuesta legislativa "mantiene, expande y legaliza el control que los paramilitares establecieron a sangre y fuego sobre millones de hectáreas de tierra".

Pero incluso si el gobierno lo quisiera, devolverle las tierras a sus verdaderos dueños sería un reto monumental. Los líderes paramilitares han ocultado hábilmente las parcelas saqueadas detrás de hombres de fachada. Registradores catastrales han sido asesinados. Numerosos registros inmobiliarios han desaparecidos en sospechosos incendios.

El proceso de desmovilización no ha logrado que los paramilitares entreguen sus tierras, como las víctimas esperaban.

Ese es el caso de Ismael Rodríguez, quien todavía tiene registros de la venta de su finca, pero que difícilmente conseguirá que se la devuelvan.

Rodríguez, un campesino de 51 años y amable en el trato, dijo que vendió su granja en el departamento de Sucre en 1994 tras recibir la visita de un grupo de hombres armados vestidos de militar.

El precio de la venta fue unos 10.000 dólares, más o menos una sexta parte de lo que los cultivos de aguacate le producían anualmente.

Un ejemplar del contrato de venta identifica al comprador como Miguel Nule, un ex gobernador de Sucre que ha estado viviendo exiliado desde el 2000 en Brasil. En noviembre, la Corte Suprema solicitó que lo investiguen por supuestos vínculos con grupos paramilitares.

Rodríguez, cuya madre analfabeta firmó el documento con su huella digital y tinta, dijo que Miguel Nule contactó a la familia unos días después de la visita de los hombres armados y "nos dijo que le vendiéramos, pero barato".

Manuel, un hijo de Nule, que está ahora entre los hombres más ricos de Colombia, firmó el contrato en nombre de su padre. Manuel Nule le dijo a AP que no recuerda haber comprado una finca en Coloso en 1994 y agregó que para entonces tenía 22 años y era estudiante en Bogotá.

"Le puedo decir que mi padre no tomó parte de ninguna actividad de este tipo", afirmó. Se le pidió que nos pusiera contacto con su padre, pero nunca llamó.

En tanto, Rodríguez teme regresar a la finca, ahora abandonada.

"He escuchado que gente que ha recuperado sus fincas en el área han sido asesinada. Creo que el gobierno debería reubicarnos en otra parte", dijo.

Grupos de derechos humanos dicen que los paramilitares mataron a unas 3.000 personas en el departamento de Sucre, una de las regiones en donde los lazos entre la clase política y los paramilitares son más visibles.

Los primeros grandes arrestos por el escándalo de la parapolítica también ocurrieron allí.

Tres actuales legisladores y un ex congresista de ese departamento fueron encarcelados en noviembre bajo cargos de crear y financiar los ejércitos privados. A uno también se le acusa de homicidio.

Una audiencia de la comisión de derechos humanos del Senado a fines de noviembre convocó a unas 1.000 personas en el polvoriento estadio de San Onofre, Sucre, el pueblo en donde la mayoría de las fosas clandestinas han sido descubiertas.

Testigos hablaron de como los paramilitares manejaban el pueblo ganadero a la orilla del mar como un campo de concentración tan recientemente como en el 2005.

A la gente no se le permitía salir sin permiso. Los pistoleros paramilitares mataban a su antojo y tomaban a las residentes como esclavas sexuales. En la noche se vivía un toque de queda que permitía a los "paras" transportar toneladas de cocaína hasta lanchas rápidas que esperaban en el golfo de Morrosquillo.

Pero las víctimas dijeron que el principal objetivo de los paramilitares eran las tierras.

La multitud aplaudió el valor de Juvenal Escudero, quien fue forzado por los paramilitares a vender las 90 hectáreas del rancho de su familia por menos de un cuarto de lo que valía hace seis años.

En noviembre, Escudero, de 55 años, formuló una queja formal, luego dio una entrevista televisada de espaldas a la cámara para proteger su identidad. Unos días después de la audiencia, un sicario que viajaba como pasajero en una motocicleta, con un casco, le disparó cinco veces, causándole una herida en la espalda.

"Todos aquí saben como suena mi voz", refunfuñó Escudero, quien vive ahora en una humilde casa en San Onofre y está confinado a su silla de ruedas.

El gobierno insiste en que la desmovilización de los paramilitares eventualmente indemnizará las necesidades de los desplazados por el conflicto una vez se asegure que los cabecillas cuenten toda la verdad sobre la violencia.

"Esto va a comenzar y va a crecer... el que le pida éxitos al proceso desde el principio, está equivocado," declaró a la AP el vicepresidente Francisco Santos.

Pero funcionarios colombianos y trabajadores internacionales que atienden refugiados dicen que el problema apenas ha sido tratado. El gobierno insiste en las reparaciones de los desmovilizados cubrirán las necesidades de los refugiados, pero sostienen que su prioridad es asegurarse que salga la verdad de lo que pasó en la guerra.

"El problema de la tierra está en el corazón del proceso de desmovilización... si no es atendido prontamente, con rapidez, eficiencia y realismo, se convertirá en el talón de Aquiles del proceso", dijo en agosto el procurador general, Edgardo Maya.

Un proyecto piloto del gobierno que congeló más de 900.000 hectáreas en una zona de muchos desplazamientos para evitar que las tierras fueran vendidas por quienes se apoderaron de ellas, se vendieran en donde ocurrieron desplazamientos, es inefectivo porque los funcionarios locales pueden conceder excepciones en un proceso manchado por la corrupción.

En el municipio de Tibú, 129 parcelas protegidas fueron vendidas en el 2006, de acuerdo con la oficina regional de protección de tierras.

Ni una sola propiedad fue entregada en Sucre a sus dueños originales, dijo un investigador judicial de alto rango. Tampoco en Antioquia, el departamento natal del presidente Uribe y el más afectado por el desplazamiento forzado, de acuerdo con un abogado de la oficina de derechos humanos del ombudsman. Ambos hablaron bajo condición de anonimato.