Aprueba Senado desindexación del salario mínimo

El Discurso
Jueves, 22 de Octubre de 2015

El 10 de septiembre de 2014, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó su propuesta al Senado de la República en los mismos términos que la había presentado un día antes ante la Cámara baja.

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> La minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados

> Coinciden senadores en que se da el primer paso para fortalecer el salario mínimo


Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la minuta que reforma diversos artículos de la Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo y la devolvió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Con 90 votos a favor, los senadores respaldaron los cambios a los artículos 26, 41 y 123 constitucionales, en lo general y en lo particular, a fin de desvincular al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia en el pago de obligaciones o supuestos que se establecen en leyes federales y estatales.

En la discusión en lo general el dictamen, el senador del Grupo Parlamentario del PRI, Armando Neyra, aseguró que para recuperar su poder adquisitivo el salario debe aumentar 3.2 veces, lo que equivale a 230 pesos diarios; por lo que su desincorporación como unidad de medida servirá para eliminar el obstáculo que impide un incremento real a este ingreso.

Javier Lozano, del PAN, acusó de negligencia a funcionarios del gobierno del Distrito Federal, pues en diciembre del año pasado este proyecto fue aprobado por unanimidad en comisiones; sin embargo, vinieron para que “no le cambiáramos ni una sola coma a la iniciativa y pasarla de inmediato a los Congresos locales, lo que detuvo la votación” en el Pleno.

La senadora perredista Dolores Padierna sostuvo que al aprobar el dictamen, el Senado muestra voluntad política en pos de resolver el problema de la pobreza: “No resolverá la profunda desigualdad que existe en el país, pero es el inicio para acabar con la terrible injusticia contra los trabajadores y sus familias”, además de que se fortalecerá el mercado interno y se reactivará la economía nacional.

Manuel Bartlett, del PT, coincidió en que es necesario quitar la carga al salario mínimo como medida de unidad; pero el Congreso --acotó-- debe dar la batalla política en defensa de los trabajadores, frente al interés real del gobierno federal de elevar los sueldos y así obtener mayores ingresos vía impuestos.

La senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del PRI, expresó que por encima posiciones político-partidistas se requiere sentar las bases para que todos los mexicanos alcancen una calidad de vida óptima y no “se estén tronando los dedos por saber si va a tener para comer el siguiente día”.

Pilar Ortega Martínez, del PAN, destacó que México es el único país de América Latina que mantiene “salarios mínimos estáticos” y quedó rezagado en comparación con Brasil, Argentina y Chile, que “robustecieron” los sueldos de sus trabajadores y, como resultado, impulsaron la generación de empleos y el crecimiento económico.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, afirmó que esta reforma no resuelve el grave problema de pobreza, pues el salario se encuentra al nivel de Haití; junto con esa nación se trata de los salarios más bajos de la América Latina, lo que sólo perpetúa la pobreza.

Mariana Gómez del Campo, del PAN, dijo que para que la desindexación del salario tenga un impacto en la economía de los mexicanos, deberá ir acompañado del restablecimiento de la naturaleza del salario mínimo como el monto indispensable que permita adquirir los bienes para vivir adecuadamente.

El perredista Zoé Robledoor refirió que la desindexación del salario es un primer paso para combatir la desigualdad; sin embargo, dijo que no resuelve el problema, pero podría iniciar un circulo virtuoso donde se incremente la productividad, se empuje la demanda agregada y así la economía crezca.

Del mismo grupo parlamentario, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros dijo que se marca un precedente en el inicio de una nueva política en materia salarial y para transitar en el ingreso de los trabajadores; y aseveró que el salario no debe ser una medida porque afecta a los trabajadores y a la sociedad.

Posteriormente, el senador Mario Delgado Carrillo, del PRD, presentó reserva al artículo 123 fracción VII y adición de los artículos 10, 11, 12, del régimen transitorio del dictamen; en tanto que el legislador Fidel Demédicis Hidalgo, también del PRD, presentó reserva para una adición al 10 transitorio. Ambas reservas fueran rechazadas por la asamblea.

Para sustituir al salario en este tipo de mediciones, se prevé crear la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor será calculado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los términos que señale la ley reglamentaria.

Asimismo, la asamblea aprobó, en votación económica, modificaciones propuestas por las comisiones dictaminadoras a los artículos 2º, 5º y 9º transitorios, para precisar que el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización a la fecha de entrada en vigor del decreto, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente.

En tanto, el valor inicial mensual de la unidad, a la fecha de entrada en vigor de este proyecto, será producto de multiplicar el valor inicial por 30.4. Por su parte el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12.

También se incluyó que el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del decreto.

Mientras se promulga esta ley, los senadores establecieron los criterios para determinar el valor de la unidad de medida y actualización.

Se establece que en un plazo máximo de un año --contado a partir de la entrada en vigor del decreto-- el Congreso, legislaturas locales y administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno tendrán que realizar adecuaciones a leyes de su competencia, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

En el dictamen se menciona que la utilización del salario mínimo como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas o reguladas por la ley, o como unidad de referencia en la economía, ha minado su naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social.

Lo anterior, ha propiciado que durante los procesos de negociación en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, existan diversas presiones para impedir mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en las tarifas para el pago de obligaciones, créditos, derechos, contribuciones, sanciones administrativas, penales, entre otros.

Es por ello, se agrega, que su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas de leyes ha terminado, por lo que esta reforma debe ser el primer paso de una estrategia para recuperar el poder de compra de los salarios, y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.

Al presentar el dictamen, el senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que en más de un centenar de leyes federales y estatales se utiliza la referencia al salario mínimo para el cálculo de multas y sanciones administrativas, penales, financiamiento de partidos políticos y establecimiento de topes de gasto de campaña, entre otros.

Dijo que ese uso está vinculado a los periodos de inflación de los años 70 y 80 del siglo pasado, lo que provocó la limitación del poder adquisitivo de este recurso, por lo que esta reforma busca desvincular el salario de estas medidas e impulsar su fortalecimiento.


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