Continúa controversia en la Suprema Corte por la Ley de Telecomunicaciones.

Laura Rivas/PI
Martes, 22 de Mayo de 2007

La Suprema Corte anunció que continuará la discusión el próximo jueves, sin la intervención de especialistas. Foto PI/José ROSALES

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México D.F., 22 de mayo.- El día de hoy, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuestionaron a especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a fin de esclarecer la terminología técnica implícita en la discusión sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

En atención a la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, promovida por las Cámaras de Senadores y Diputados; así como por la Presidencia de la República, en la que se demanda la declaración de ”inconstitucionalidad” sobre varios artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, la Suprema Corte de Justicia cuestionó sobre el tema a expertos en telecomunicaciones, con base en las ponencias que éstos presentaran ante el Pleno el día de ayer.

Los expertos, Celestino Antonioli Ravetto, Rodolfo de la Rosa Rábago e Hildeberto Jardón Aguilar, del IPN; así como Víctor García Garduño, José Fabián Romo Zamudio y Esaú Vicente Vivas, de la UNAM, contestaron, es sesión pública, las preguntas de los ministros en torno a temas como: definición de espacio aéreo, espacio radioeléctrico, bandas de frecuencia del espacio radiofónico, canales, entre otros.

En este sentido, los académicos coincidieron en declarar que los espectros de radio y televisión son bienes finitos del Estado, de características permanentes y susceptibles a la contaminación de frecuencia, por lo que debe estudiarse la asignación de los mismos.

Durante la reunión, se discutió el criterio de refrendo de las concesiones ─ actualmente de 20 años ─, la pertinencia de la figura de “refrendo automático” ─ que beneficia a Televisa y TV Azteca al eximirlas del proceso de licitación ─; así como la presunta “discrecionalidad” que impera en el “régimen concesionado” ─ mediante el cual se rigen las televisoras culturales y estatales ─, ya que, siendo medios que operan sin fines de lucro, los requisitos deberían ser más relajados pues, hasta ahora, tienen mayores restricciones que las televisoras comerciales, aun cuando cumplen funciones educativas, culturales y sociales.

Al concluir la sesión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, agradeció a los expertos su participación y aclaró que las intervenciones serán consideradas en la discusión de la Ley, sin que tengan una ingerencia “trascendental” en la decisión que tomarán como máxima institución de justicia.

Por su parte, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, recordó a la Corte que su decisión no debe considerar las presiones, a favor o en contra, provenientes de los distintos ámbitos implicados y subrayó que el resultado de las pesquisas definirán, en el futuro, la propiedad pública del Estado y el respeto al principio de equidad en las leyes mexicanas.

A la salida del evento, el senador Manuel Bartlett Díaz, quien acudió como observador, declaró que las preguntas de los ministros y la participación de los técnicos dieron un giro a la discusión, pues esclarecen las futuras implicaciones de la llamada “Ley Televisa”:

“Lo que dice el artículo 28, que hemos impugnado, es que las televisoras que actualmente tienen el control prácticamente del espectro, pueden, sin licitar, simplemente con una comunicación simple, como se ha dicho en el proyecto, dar servicios de telecomunicaciones y esto es inconstitucional porque le da a Televisa y a TV Azteca una ventaja sobre todos los demás que quisieran participar. Es un dominio monopólico, que ya ejercen en el área de televisión, ahora trasladado al área de telecomunicaciones y ese es un peligro enorme para el país. ¿Qué es lo que habían dicho? Que no, que no se podía, que no era tal, mientras los técnicos han dicho un o tras otro que sí se puede”.

Por otra parte, el senador Javier Corral Jurado, uno de los principales impulsores del recurso de inconstitucionalidad, se refirió a la manipulación de información que han utilizado las dos principales televisoras mexicanas para mal informar a la gente:

“Una ley que se defiende censurando los contenidos de la ponencia del ministro Aguirre Anguiano, una ley que se defiende descontextualizando a sus impugnadores, linchando a sus críticos, tratando de intimidar a la corte, no ha de ser una ley muy moderna ni democrática, porque, como no tienen argumentos para defenderla, pues recurren a ese tipo de manejos. Eso es lo reprobable, no es reprobable que el señor Ricardo Salinas Pliego y el Señor Azcárraga defiendan sus intereses, lo que es reprobable es que los defiendan con base en mentiras”

Para concluir, Javier Corral denunció que uno de los especialistas del Politécnico, Celestino Antonioli Ravetto, ha colaborado con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión como impulsor de la “Ley Televisa”, por lo que pidió se descarten sus intervenciones ─ como ocurrió con el ministro José Ramón Cossio Díaz, quien se declaró “impedido” para participar en la discusión, el día de ayer, debido a que en 2002 celebró contratos relacionados con la revisión y redacción de Ley.

“Conforme a los mismos motivos por los que ayer un ministro de la Corte se mostró impedido, también se deberían revisar los contratos, la asesoría, la consultoría y el trabajo que uno de los académicos que viene en nombre del Politécnico tiene con empresas de telecomunicaciones”, sentenció.

La Suprema Corte anunció que continuará la discusión el próximo jueves, sin la intervención de especialistas.