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Controversia en la UNAM sobre constitucionalidad de Reforma Energética

Prensa Internacional
Miercoles, 16 de Abril de 2008

De manera paralela a la constitucionalidad se continuan manifestando contra la reforma energetica. Foto:PI/Fernando CASTILLO       ver galería

MEXICO, D.F. Al participar en el Foro “La Reforma Energética, Perspectivas Constitucionales”, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizaron, sin llegar a un acuerdo, la posibilidad de que la iniciativa presentada por el ejecutivo federal implique una violación al Artículo 27 de la Carta Magna.

En opiniones contrastantes, el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Carrancá y Rivas, afirmó que la iniciativa de Reforma Energética viola el Artículo 27 Constitucional, relativo a la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, al avalar la intervención de la iniciativa privada en los procesos de producción.

Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma institución, Héctor Fix–Fierro, manifestó su desacuerdo con quienes encuentran dicha violación a la soberanía de los hidrocarburos, pues la cadena productiva petrolera es muy extensa y en algún momento el Estado deja de participar en ella.

Asimismo, el investigador Manuel Barquín Álvarez, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas, explicó que el problema de la iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón se encuentra en el rubro referente a las concesiones a particulares, porque éstas se “pueden deslizar” y convertirse en contratos.

Reunidos en el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, los especialistas en derecho expusieron, cada uno, los argumentos en que sostienen su afirmación.

De acuerdo con información difundida por la UNAM, Raúl Carrancá y Rivas alertó que la propuesta de Reforma Energética “abre una puerta” para la alteración o violación oculta del Artículo 27 constitucional.

El académico mencionó que el Artículo 27 otorga a la nación “el dominio directo de todos los recursos naturales”, por lo que consideró anticonstitucional proponer una ley reglamentaria que permita contradecir lo dicho, ya que el ejecutivo federal no propuso una modificación constitucional, sino dotar de “maleabilidad” el reglamento de la aplicación de dicha ley.

“Una ley reglamentaria debe cumplir una función esencial: normar. No alterar en la forma ni el fondo el espíritu de la ley suprema”, aclaró.

En contraste, Héctor Fix–Fierro, consideró necesario puntualizar hasta qué punto de la cadena productiva petrolera el Estado está obligado a conservar la propiedad y el control de los recursos, pues, en su opinión, la iniciativa presentada por el ejecutivo no viola la Constitución.

“Las disposiciones constitucionales vigentes en materia de petróleo admiten diversas variantes en la reglamentación secundaria, que derivan del margen de interpretación que corresponde al legislador, como representante legítimo de la sociedad” dijo.

En su intervención, el también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Manuel Barquín Álvarez, destacó que el aspecto que debe revisarse más puntualmente en la propuesta de Reforma Energética es el problema de las concesiones y de los contratos, pues desde hace años este tipo de acuerdos ha levantado controversia sobre la soberanía de los hidrocarburos.

“En el pasado, el punto culminante de las dificultades fue el problema de las concesiones y de los contratos. Se les vio como un peligro, porque se le cobra una cantidad al concesionario y éste hace lo que quiere con el petróleo: lo vende, lo almacena y especula con él”, concluyó.

En el Foro, participaron los constitucionalistas Alejandro López Velarde, experto en derecho de los energéticos; Sergio Márquez Rábago, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, y José Roldán, especialista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

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