Corte investigará al gobernador de Puebla por supuesto complot contra Lydia Cacho

AP
Jueves, 25 de Enero de 2007

Cacho acusó a Marín y a otros altos funcionarios estatales de abuso de poder, intento de violación, tráfico de influencias. Foto PI/Octavio NAVA

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México, 25 de enero. La Suprema Corte de Justicia integró una segunda comisión para investigar tanto presuntas violaciones a las garantías individuales de una periodista que denunció redes de pedofilia y prostitución, como las posibles maniobras de un gobernador para encarcelarla.

La Corte acordó el jueves en una sesión ordinaria del pleno que la comisión indague si el gobernador del estado central de Puebla, Mario Marín, orquestó con otras autoridades una estrategia para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, quien fue detenida en 2005 y casi de inmediato enfrentó en libertad un proceso por difamación del que hace unos días fue absuelta.

Esta es la segunda comisión que se integra. La primera se creó en abril de 2006 y cinco meses después presentó un informe que el pleno de la Corte rechazó por considerar que su investigación no fue exhaustiva.

El caso de Cacho, autora del libro "Los demonios del Edén" sobre redes de pedofilia, prostitución y pornografía infantil, desató un escándalo en el que se vieron relacionados empresarios y el gobernador de Puebla, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La periodista fue acusada de difamación por un empresario textil de Puebla mencionado en el texto, lo que llevó a su detención en diciembre del 2005.

Para febrero del 2006, sin embargo, el caso se convirtió en un escándalo nacional al difundirse cintas de audio en las que aparentemente conversaban el gobernador de Puebla y el empresario textil Kamel Nacif en un diálogo en el que conspiraban para encarcelar a la periodista.

Cacho acusó a Marín y a otros altos funcionarios estatales de abuso de poder, intento de violación, tráfico de influencias y de violar sus derechos humanos.

La Corte, sin embargo, dijo que la nueva comisión --que encabezara un ministro-- no deberá dar valor probatorio a las grabaciones porque al parecer fueron hechas de manera ilegal, y sólo podrán considerarlas como base para establecer líneas de investigación.

Cacho fue absuelta a principios de enero por un juez del delito de difamación.