Corte Suprema mexicana enfrenta a monopolios de radio y TV

Olgar R. Rodríguez/AP
Viernes, 08 de Junio de 2007

Los magistrados están dispuestos a derribar a los legisladores que han cedido a presiones de la elite mediática. Foto PI/Francisco GÓMEZ

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México, 8 de junio. El rechazo de una ley federal de radio y televisión por parte de la Corte Suprema revela una disposición por parte del alto tribunal a respaldar la promesa del presidente Felipe Calderón de desmantelar los grandes monopolios mexicanos, en manos de una elite que controla desde los programas de televisión que se ven en Latinoamérica por las noches hasta las tortillas con que almuerzan los mexicanos.

La mayoría de las grandes industrias mexicanas _telecomunicaciones, maíz y cemento, entre otras_ son dominadas por monopolios u oligopolios que han sobrevivido a fallos de la Organización Mundial de Comercio y diversos intentos de los gobiernos por derribarlos.

Calderón asumió el 1 de diciembre con la promesa de hacer lo que otros no pudieron: abrir la economía a mayor competencia, precios más bajos y creación de empleos. Hasta ahora ha avanzado poco en pos de esa meta, pero los fallos de la Corte Suprema probablemente le darán a su gobierno el impulso necesario para tomar medidas.

La serie de fallos no significará de inmediato un cambio en cuanto a quién produce telenovelas o programas noticiosos porque Televisa _que controla el 70% del mercado de medios en México y buena parte de la programación en América Latina y Estados Unidos_ tiene concesiones válidas por los próximos 14 años.

Pero los magistrados de la corte demostraron que estaban dispuestos a derribar a los legisladores que habían cedido a las presiones de la elite mediática.

"La circunstancia de que los medios de comunicación estén concentrados en pocas manos distorsiona el derecho a la información porque permite a quienes tienen el control de esos medios manipular, moldear, la opinión publica", dijo la magistrada Olga Sánchez Cordero.

En su fallo más significativo, la corte dijo el martes que México no puede prometerles a los gigantes de la televisión Televisa y TV Azteca nuevas frecuencias creadas por el paso de analógico a digital. El poder legislativo deberá reformar la ley para permitir una licitación que no dependerá solamente de quién ofrezca más dinero, aunque no está claro cuáles serán los criterios.

Los magistrados también rechazaron una nueva ley que le otorgaba al Senado el derecho de objetar las designaciones presidenciales a la comisión reguladora de las telecomunicaciones, un organismo al que se ha acusado de ceder a las poderosas empresas en lugar de velar por los intereses de los consumidores.

"Los ministros están ofreciendo una lección moral a los legisladores de un poder judicial que no se dejó intimidar ante presiones de empresas poderosas", dijo Raúl Trejo, investigador especializado en medios en la Universidad Nacional Autónoma de México.

La ley en debate, que algunos han bautizado la "Ley Televisa", fue aprobada rápidamente por las dos cámaras del Congreso y entró en vigencia en abril de 2006. Pero algunos legisladores apelaron a la Corte Suprema, señalando que las presiones de las emisoras en el período anterior a la elección presidencial de julio pudieron haber influido en su sanción.

Los detractores dicen que la dominación de las dos empresas _que se han extendido a las telecomunicaciones_ ha limitado las opciones en cuanto a programación y ahogado la competencia.

Directivos de Televisa se negaron a hacer declaraciones.

Los intentos anteriores por destronar a TV Azteca y Televisa han fracasado. El año pasado GE, propietaria de la NBC estadounidense y su subsidiaria en español Telemundo se asociaron con Grupo Xtra, de la familia mexicana Saba, para formar Palmas 26, y pidieron al gobierno que convocara a licitación para una tercera red. Pero el gobierno nunca tuvo en cuenta el pedido.

La corte, que se prevé ratificará sus fallos con una nueva votación en los próximos días, también rechazó la renovación automática de las concesiones y la facultad de otorgarlas por períodos de 20 años, señalando que su vigencia debe ser menor.

Los analistas dicen que la verdadera prueba vendrá con la nueva versión de la ley, que se prevé el gobierno redactará en los próximos meses. Hasta entonces, rige la ley actual.

"En el corto plazo, creará incertidumbres legales y cabildeos del sector en torno de las próximas revisiones de la ley por parte del Congreso", escribió Pamela K. Starr, analista sobre Latinoamérica de la consultora Eurasia Group.