Críticas a reforma penal propuesta en México
E. Eduardo Castillo/AP
Miercoles, 12 de Diciembre de 2007
| Los cambios consideran elementos solicitados por expertos desde hace años como los juicios orales. Foto:PI/Octavio NAVA
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México, 12 de diciembre. Defendida por legisladores como una de las más importantes enmiendas recientes en materia penal, una reforma judicial en ciernes es vista por algunos expertos como "regresiva" y hasta violatoria a los derechos humanos.
Los cambios consideran elementos solicitados por expertos desde hace años como los juicios orales, pero también otros que alarman a algunos como la posibilidad de que la policía ingrese a domicilios sin orden judicial, la grabación de comunicaciones telefónicas entre particulares y el acceso a información reservada en casos de delincuencia organizada.
"Esta reforma tiene dos vertientes: una vertiente claramente autoritaria, regresiva, violatoria de derechos humanos; y otra vertiente digamos que va en la línea correcta de los juicios orales que es una experiencia que en otros países ha funcionado muy bien", dijo a la AP Miguel Carbonell, constitucionalista e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El pleno de la Cámara de Diputados programó para el miércoles el comienzo de la discusión de la reforma que considera modificaciones a 11 artículos de la Constitución y que ya recibió el aval de las comisiones legislativas requeridas.
La iniciativa propone incorporar los juicios orales públicos en sustitución a los procesos que actualmente se realizan a puerta cerrada y que para unos propician corrupción y arbitrariedades.
Los juicios orales han sido considerados como el eje de la reforma y prácticamente todos los sectores los elogian.
La controversia se da por la autorización para que la policía ingrese a los domicilios sin orden judicial en casos de amenazas a la vida o integridad de las personas y de flagrancia.
También el que civiles puedan grabar conversaciones "cuando sean aportadas (como evidencias) de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas".
Para Carbonell, "se borra de facto de la Constitución el derecho a la secrecía (confidencialidad) de las comunicaciones privadas" un derecho reconocido en tratados internacionales.
"Me parece lamentable que (los legisladores) se estén apoyando en una etiqueta o en un concepto legítimo, en algo que hemos exigido desde la sociedad, para justificar esta enorme regresión en materia de derechos humanos", dijo.
Pero consideró que de retirarse esos elementos quedaría "una gran iniciativa".
Para el profesor y especialista en derecho penal del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Renato Sales, los problemas en la iniciativa están relacionados en que los policías, peritos y agentes de los ministerios públicos pueden ser separados de sus cargos por incumplir las leyes vigentes sin posibilidad de ser reincorporados.
Sales consideró que, por ejemplo, si el agente de un ministerio público ordena a un policía un allanamiento sin orden judicial --como permite la iniciativa--, el agente lo haría aunque no se cumplan los supuestos de la reforma por temor a ser despedido sin posibilidad de volver a trabajar en corporaciones policiales.
"Difícilmente se va a oponer si es ilegal, porque está el riesgo de que lo corran", explicó.
