Denuncian “tratos crueles” los arraigados por bombazo
Laura Rivas/PI
Martes, 08 de Abril de 2008
| “Estamos investigando cuál es el nivel o la veracidad de la denuncia”, indicó Alvarez. Foto:PI/Dan LOPEZ
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MEXICO, D.F. El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, informó hoy que por lo menos uno de los cinco arraigados por el estallido de un artefacto explosivo, registrado en la Avenida Chapultepec el pasado 15 de febrero; denunciaron que han sido víctimas de “tratos crueles, inhumanos y degradantes” por parte de la policía judicial.
Al ser entrevistado, luego de presentar el “Informe Especial Sobre los Derechos de las Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México”; Álvarez Icaza indicó que los denunciantes solicitaron la confidencialidad de su queja, por lo que omitió proporcionar detalles sobre la misma.
“Estamos investigando cuál es el nivel o la veracidad de la denuncia”, indicó.
No obstante, el ombudsman capitalino calificó como “sospechoso” que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) hasta el momento se haya negado a entregar a la CDHDF el expediente sobre el caso.
“Si nos preocupa que se nos esté obstaculizando el trabajo y, de hecho, nos lleva a sospecha, en términos de qué están queriendo ocultar que no nos dan la información o qué está sucediendo que no nos dan la información”, dijo.
Al respecto, Álvarez Icaza explicó que, en el caso de los derechos humanos, la autoridad tiene que desvirtuar los hechos, es decir, asentar que la Procuraduría de Justicia se condujo con respeto a las garantías individuales durante su intervención, ya que, de lo contrario, se darían por ciertos los abusos denunciados por los peticionarios.
“Tienen que asumir las consecuencias de no dar la información, la convicción de la pruebas es para la autoridad, no para los peticionarios”, abundó.
El titular de la CDHDF aseguró que la dependencia a su cargo hará uso de todas sus atribuciones para acceder a dicho expediente, e incluso consideró la posibilidad de entablar una acción penal contra los servidores públicos que no quieran colaborar con la investigación.
“Hoy mismo habrá un cuerpo de visitadores que va a presentarse a la Procuraduría a solicitar esa información, si en los días subsecuentes no la recibimos, la Comisión tiene la atribución para hacer una exigencia legal y, en su caso, revisaremos cual fue la actuación”, sentenció.
Durante la presentación del “Informe Especial Sobre los Derechos de las Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México”, Álvarez Icaza recomendó al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, quien no acudió al evento; que eleve al rango de fiscalía la actual Agencia Especializada para la Atención a Personas Indígenas; realice un censo cualitativo sobre la población indígena que radica en la capital del país; e incorpore a la estructura de gobierno a un equipo de traductores bilingües que dominen las principales lenguas indígenas que se utilizan en la demarcación.
Asimismo, el titilar de la CDHDF recomendó a la Asamblea Legislativa que realice una serie de reformas al marco normativo vigente, en lo que se refiere al derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, a fin de que la legislación local adopte las disposiciones contempladas en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la propia Constitución Política Mexicana.
