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El asesinato de Luis Olivares, parte de una política de Estado, dice Bertoldo Martínez

El Discurso
Lunes, 11 de Noviembre de 2013

Crimen solapado por Estado el del dirigente Luis Olivares.Foto Especial       ver galería

El representante del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), Bertoldo Martínez Cruz, aseveró que el asesinato del líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, corresponde a una política de Estado contra la protesta social.

Expresó que el problema para los luchadores sociales es que “si no los encarcelan, los matan”.

Subrayó que la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos no ha cambiado en la entidad desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, pues “son las mismas estructuras de poder”.

Por su parte, el activista de Propuesta Cívica AC, Jesús Robles Maloof, recalcó que la situación de asesinatos y ataques a activistas en México corresponde a “una cuestión muy clara: la voluntad que se requiere para terminar con los homicidios de defensores de derechos humanos no se ve”.

Señaló que en México sólo 2 por ciento de los delitos contra activistas son solucionados, y que ni las guardias, mecanismos de protección y defensa o iniciativas pueden funcionar debido al sistema de impunidad que prevalece.

“Para mí es muy claro que existe un contexto que sólo no evita, sino que favorece que haya homicidios (de activistas); existen señales en los estados en que los activistas son perseguidos, y es evidente que lleva a todos los gobernadores de todos los partidos”, criticó.

Comentó que en la pasada sesión de trabajo, de octubre, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), quedó claro que los tres temas en que hay una subsecuencia progresiva sin solución en México son los ataques a los defensores de derechos humanos y periodistas, los migrantes y las personas desaparecidas.

Robles Maloof recordó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha perseguido a los defensores de derechos humanos desde antes de tomar el cargo, y algunos de los actos fueron cometidos por los gobiernos estatales para crear un clima de inestabilidad.

Abundó que las cifras de ataques y asesinatos a defensores ha crecido, con más de 100 casos, así como las agresiones, y en muchos de ellos fueron denunciadas previamente las amenazas.

Agregó que “las organizaciones debemos articularnos más, tenemos que crear redes de autoprotección; en muchos de los casos tuvieron amenazas previas; no se deben minimizar, y debe responsabilizarse a las autoridades”. Y para completar la defensa, denunciar.

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