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Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de elite recientemente documentado

Laura Rivas/PI
Miercoles, 15 de Agosto de 2007

La mayor expectación sobre el Estado Mayor Presidencial es su alto grado de especialización. Foto PI/Jorge DAN       ver galería

México, D.F., 15 de agosto. En 2006, durante el último año de gobierno del ex presidente Vicente Fox, se realizó la primera publicación oficial sobre el Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de elite, altamente especializado, cuya función es brindar seguridad al jefe del Estado Mexicano, su familia, ex presidentes y mandatarios que visitan nuestro país.

El libro denominado “El Estado Mayor Presidencial, Cumplir con Institucionalidad”, que se editó para ser distribuido entre personas cercanas a la presidencia, documenta los objetivos e historia de la organización, así como las modificaciones legales que realizó el primer presidente panista para actualizar sus funciones como órgano técnico militar.

De acuerdo con la publicación, el presidente de la República Mexicana, en su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, debe contar con un organismo militar encargado de su seguridad. Los orígenes del Estado Mayor se remontan a 1824, año en que el general Guadalupe Victoria creó un órgano especializado denominado Ayudantía General.

El Estado Mayor Presidencial esta integrado por personal selecto del Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México, personal civil y funcionarios que determine el presidente de la República. Al 01 de marzo de 2006, el organismo contaba con 1,863 efectivos, entre generales, capitanes, oficiales, tropa, policía y civiles.

Una de las condiciones especiales que causa mayor expectación sobre el Estado Mayor Presidencial es su alto grado de especialización.

Los miembros de la agrupación están entrenados para reaccionar de manera inmediata y precisa en casos de atentado y secuestro, son expertos tiradores, tienen entrenamiento para deshabilitar aparatos explosivos, manejo ofensivo-defensivo, natación intensa, están capacitados para realizar salvamento acuático, reanimación cardiopulmonar, entrenamiento canino en detección de explosivos y drogas, además de desarrollar labores de inteligencia para la protección del líder del ejecutivo.

El personal militar del Estado Mayor Presidencial generalmente viste de civil en el desempeño de sus funciones, aunque cuenta con uniforme especial para actividades oficiales. Durante sus labores, se les puede distinguir por la actitud estoica y elevada estatura, visten trajes oscuros, intercomunicador al oído y portan en la solapa un “pin” que los identifica, el cual cambia constantemente por motivos de seguridad.


A lo largo de los años, los distintos mandatarios mexicanos han hecho modificaciones al nombre y los estatutos del Estado Mayor Presidencial. En 1846, el general Mariano Paredes Arriaga cambió el nombre de la Ayudantía General por el de Estado Mayor Facultativo. Antonio López de Santa Anna, en 1853, lo denominó Estado Mayor de Su Alteza Serenísima, mientras que, en 1857, Ignacio Comonfort publicó el primer reglamento del denominado Estado Mayor del Presidente de la República.

El carácter confidencial del Estado Mayor se remonta a 1862, cuando el presidente Benito Juárez, durante la intervención francesa, solicitó que un grupo selecto y reducido de militares se encargaran de su seguridad y lo apoyaran en sus actividades.

Más tarde, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Miguel Ávila Camacho y Miguel de la Madrid realizaron también modificaciones al organismo. Las más recientes reformas las efectuó el ex presidente Vicente Fox Quesada en el año 2004. Está última revisión define al Estado Mayor como un órgano técnico militar y unidad administrativa de la Presidencia, cuya función es facilitar al primer mandatario el cumplimiento de sus funciones.

De manera independiente al libro editado por Fox, entre las críticas al Estado Mayor Presidencial destacan las denuncias del ex general José Francisco Gallardo Rodríguez, ex miembro de la organización presidencial que estuvo preso por ocho años luego de proponer la creación de un Ombudsman para las Fuerzas Armadas, quien ha señalado en múltiples ocasiones una serie de “abusos” cometidos por el cuerpo de elite en materia de derechos humanos.

“Hay que hacerle una revisión profunda para reformarlo, para prohibir que delibere en política y realice funciones que le son propias a la autoridad civil”, declaró el ex general el 14 de marzo de 2007, al participar en la mesa de discusión Las Relaciones Cívico-Militares en México, organizado por la fracción del PRD en la Cámara de Diputados.

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