Generalizada e impune, la tortura en México

El Discurso
Lunes, 09 de Marzo de 2015

El Relator Juan Méndez censuró la figura del arraigo. Foto: ONU/Jean Marc Ferré.

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> El embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, niega que la tortura sea generalizada en el país


La tortura en México es generalizada y goza de impunidad.

Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, informó en Ginebra, Suiza, que en México la tortura es generalizada en México y ocurre especialmente desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia, con fines de castigo e investigación.

El Relator Especial presentó hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe elaborado tras una visita a México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, en el que llamó al Gobierno a implementar prontamente sus recomendaciones y a la comunidad internacional a asistir a México en su lucha para eliminar la tortura y los malos tratos, revertir la impunidad y garantizar la reparación integral de las víctimas.

“La práctica de la tortura y el maltrato, usado como castigo y como medio de investigación está generalizada. Esta práctica se produce por varios factores. En la ley por una ausencia de definición de tortura. Y en la práctica por la costumbre de detener para investigar en lugar de investigar para detener”, afirmó Méndez.

La ONU informó que tras la intervención de Méndez, el embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, negó que la tortura fuera generalizada en el país.

“No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, afirmó Lomónaco, quien pidió que los relatores especiales de Naciones Unidas sustenten sus informes en “la realidad objetiva e incluyendo todos los puntos de vista”.

El informe de Méndez señala que en la jurisdicción federal la tortura está tipificada en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (LFPST); sin embargo, no cumple con los estándares del artículo 1 de la Convención contra la Tortura y del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

“La LFPST no se refiere a la tortura cometida con fines discriminatorios o con ‘cualquier otro fin’, y exige, cuando un particular comete el delito, que el torturado esté detenido, lo que restringe indebidamente su aplicación”, dice el informe.

> Denuncias verosímiles

El informe añade que el Relator Especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de libertad y conoció varios casos ya documentados que demuestran “la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas.

“La mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada. Esto se potencia con el régimen de excepción constitucional y legal que afecta a estos detenidos, que incluye el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la posibilidad del Ministerio Público de ampliar el plazo de detención (“retención”) previo a la presentación judicial”.

De acuerdo con el informe del relator, es difícil conocer el número real de casos de torturas, pues se carece de un registro nacional y cada entidad tiene datos propios.

“Asimismo, muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad. Igualmente el número de denuncias y quejas es muy alto. La CNDH informó de 11.608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014. La Comisión de Derechos Humanos del D.F. recibió 386 quejas de tortura entre 2011 y febrero de 2014. La sociedad civil informó de más de 500 casos documentados entre 2006 y 2014. Aunque puede haber casos repetidos, la cantidad es preocupante”, dice el informe.

Agrega que la tortura se utiliza desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria.

“El Relator Especial observó inquietantes coincidencias entre los testimonios. Las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención. Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos. La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas.

“El Relator Especial conoció casos donde las víctimas fallecieron a causa de las torturas padecidas, y casos donde la tortura acompaña ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.

> Violencia sexual

El relator denuncia la existencia de violencia sexual como forma de tortura, principalmente respecto a mujeres detenidas.

“La tortura sexual incluye desnudez forzada, insultos y humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en genitales y violación sexual reiterada y por varias personas. La mayoría de estos casos no han sido investigados ni sancionados, o bien han sido calificados como conductas de menor gravedad”, dice el reporte de Juan Méndez.

Además señala que el alto número de denuncias y los testimonios recibidos no se reflejan en igual número de investigaciones por torturas y malos tratos y menos aún en condenas, “signo de una preocupante impunidad”.

Señala que el Gobierno informó de sólo cinco sentencias condenatorias de tortura entre 2005 y 2013; y que a nivel estatal impera una impunidad similar.

Pone de ejemplo que en el DF se reportaron 388 averiguaciones previas iniciadas desde 2008 por tortura, solo dos acciones penales iniciadas y 121 en trámite.

Señala que existen fallas estructurales a nivel federal y estatal, que potencian esta impunidad, pues los ministerios públicos son reticentes a investigar las denuncias.

“Pese a ser usualmente el primer contacto de las víctimas con el sistema de justicia, suelen desestimarlas como maniobras para exculpar al detenido. Reiteradamente las víctimas deben denunciar la tortura ante el mismo cuerpo al que acusan de cometerla o permitirla”, acusa el informe.

El Relator Especial planteó diversas recomendaciones, entre ellas, reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado.

También tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos y garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral.

Además, expedir una Ley que tipifique la tortura en toda la República; reformar el Código de Justicia Militar y eliminar definitivamente el arraigo, así como figuras similares en lo federal o estatal.