México estrenará juicios con público
E. Eduardo Castillo/AP
Martes, 17 de Junio de 2008
| El presidente Calderon aprobó una amplia reforma judicial que incluye el juicio oral. Foto:PI/Octavio NAVA
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MEXICO. El presidente Felipe Calderón sancionó el martes una amplia reforma judicial que busca terminar con procesos considerados cerrados y corruptos, al tiempo que dota de mecanismos con los que el gobierno espera combatir mejor el crimen organizado.
Las modificaciones establecen que en adelante todos los juicios serán orales y públicos en lugar de los procesos que actualmente se realizan a puerta cerrada e incluso sin la presencia de los acusados, algo visto como un método que propicia corrupción y arbitrariedades.
"Así podremos ofrecer a los ciudadanos un sistema de justicia más transparente, respetuoso de los derechos humanos y que proteja con mayor celeridad y eficacia sus derechos", dijo el mandatario luego de firmar la reforma que también eleva a rango constitucional la presunción de inocencia.
La reforma entrará en vigor un día después de que se publique en el Diario Oficial, posiblemente el miércoles.
La norma establece que los juicios orales tendrán que implementarse en un plazo no mayor a ocho años, y estipula que los procesos sólo podrán hacerse a puerta cerrada en casos que se ponga en riesgo la seguridad nacional o involucre a menores.
Calificada por Calderón como "la más relevante reforma realizada al sistema penal que hayamos tenido los mexicanos en mucho tiempo", las modificaciones buscan también dejar atrás los actuales procesos que pueden llevarse varios años y hacerlos más expeditos.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de diputados, César Camacho, comparó el sistema que se busca dejar atrás: "en el papel de víctima o de inculpado, quien se ve involucrado en un asunto penal, parece condenado a protagonizar una película de terror".
Refirió que actualmente más de 90.000 personas se encuentran detenidas sin haber sido sentenciados.
El experto del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Miguel Sarre, dijo a la AP que si bien es la reforma penal más importante desde la promulgación de la Constitución en 1917, tiene una "parte negativa" que podría ensombrecerla: el arraigo o prisión preventiva por hasta 80 días en casos de delincuencia organizada.
"El arraigo es (como) mantener un régimen penal paralelo", dijo en referencia a una herramienta que Calderón considera fundamental para combatir al crimen organizado, en momentos que el gobierno libra una batalla contra violentos carteles de la droga que asuelan varias zonas del país.
Consideró que las modificaciones implican un cambio cultural en todos los involucrados en el estudio o aplicación del sistema penal, algunos de los cuales sin duda opondrán resistencias e inercias.
De hecho, uno de los más reconocidos abogados penalistas mexicanos, Juan Velázquez, se mostró cauto.
"Tengo la sensación de un optimismo que ojalá se materialice, pero al mismo tiempo de un escepticismo por lo que llevo vivido", dijo.
Consideró que todos los involucrados en el sistema de justicia deberán cambiar su forma de ver y hacer las cosas, aunque estimó que quizá "se podría haber mejorado sin la necesidad de cambiar todo".
"Lo que tenemos hasta hoy es absolutamente anacrónico por falta de dinero", consideró.
Calderón dijo que además del arraigo, la lucha contra la delincuencia organizada se fortalecerá con la figura de "extinción del dominio" para que los bienes de los criminales pasen a ser propiedad del estado.
"Podremos golpear con mayor contundencia las estructuras operativas y económicas de las organizaciones criminales", afirmó el mandatario.
Los legisladores removieron de la reforma propuesta inicialmente por el gobierno la posibilidad de que la policía ingresará a domicilios sin orden de un juez.
También se crean nuevos jueces, denominados de "control", que estarán encargados de resolver de manera inmediata y por cualquier medio solicitudes de autoridades para llevar a cabo sus investigaciones, por ejemplo cateos.
