Niega Función Pública privilegios en investigación del caso Mouriño
Prensa Internacional
Jueves, 24 de Abril de 2008
| La investigación es por los contratos firmados con PEMEX por la empresa Ivancar. Foto:PI/Octavio NAVA
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MEXICO, D.F. El secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, negó ante diputados federales estar brindando privilegios o concesiones en la investigación de los contratos firmados con PEMEX por la empresa Ivancar, propiedad de la familia del secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño.
“La dependencia a mi cargo no contempla privilegios ni concesiones para nadie. Tenemos la instrucción precisa del presidente Felipe Calderón para actuar sin vacilaciones o salvedades y ser estrictos y firmes con el marco que rige nuestra actuación”, dijo.
Al comparecer ante la Comisión de Investigación para Conocer la Legalidad de los Contratos de PEMEX Refinación de 1997 a la Fecha ─ creada por la Cámara de Diputados para esclarecer la legalidad de los convenios que el secretario de gobernación firmó como representante legal de Ivancar, siendo funcionario público ─, Salvador Vega Casillas afirmó que aún cuando Mouriño fue su jefe durante la campaña presidencial de Felipe Calderón, las auditorías se están realizando con apego a la legalidad.
“No exoneramos o culpamos por consignas, tampoco investigamos personas, sino hechos y nos regimos por normas y procesos establecidos”, indicó.
El presidente de la Comisión Investigadora, diputado Antonio Xavier López Adame (Partido Verde Ecologista de México), refirió que es del dominio público que el secretario de gobernación firmó como apoderado legal de la empresa Ivancar, siendo funcionario público, cinco convenios con PEMEX Refinación para el transporte terrestre de combustible.
“Juan Camilo Mouriño afirmó, bajo protesta de decir verdad, que al signar los convenios no se encontraba bajo ningún supuesto del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones”, explicó.
De acuerdo con información difundida por la Cámara de Diputados, López Adame consideró que debe aclararse si existe alguna responsabilidad u omisión por parte de PEMEX o de Juan Camilo Mouriño, ya que la primera no verificó que estaba favoreciendo con la firma de los contratos a un funcionario público, mientras que el segundo no solicitó la autorización de la contraloría federal para realizar el acuerdo.
“El órgano contralor del gobierno federal, desde que se identificaba como Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), hoy Secretaría de la Función Pública, ha sido omiso y demasiado permisivo en torno a la legalidad de convenios con transportistas”, sentenció el diputado.
Respecto a la transparencia con que la Secretaría de la Función Pública está realizando la investigación sobre el caso, el diputado del Partido Alternativa Socialdemócrata, Armando García, señaló que el titular del órgano auditor de la federación, Salvador Vega Casillas, fue colaborador de Mouriño durante la campaña presidencial de Felipe Calderón.
Al respecto, el titular de la Función Pública afirmó que tiene claro su compromiso con la ley y aseguró que no habrá distingos ni preferencias en ninguna investigación que le sea encomendada.
No obstante, el funcionario concluyó su intervención aseverando que, hasta el momento, no existen indicios de que se haya cometido alguna violación al marco legal de PEMEX por la firma de los contratos con Ivancar.
