Niega Suprema Corte haber avalado la impunidad

Prensa Internacional
Viernes, 30 de Noviembre de 2007

Cientos de ciudadanos muestran su repudio al fallo que se emitio el dia de ayer frente a la SCJN. Foto:PI/Francisco GOMEZ

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México, D.F., 30 de noviembre. Ante el repudio de la opinión pública, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) exonerara ayer al gobernador Mario Marín, en la investigación sobre las presuntas violaciones graves a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, por parte de autoridades del estado de Puebla, el día de hoy, la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, en conferencia de prensa, negó que el Alto Tribunal haya emitido un voto a favor de la impunidad.

“Lo único que resolvió la Corte es que no quedó demostrado el concierto entre autoridades del ejecutivo y judicial del estado de Puebla para perjudicar a la periodista Lydia Cacho, lo cual no significa que otras autoridades no puedan o deban seguir adelante con la investigación de asuntos muy sensibles para nuestra sociedad; esto es, de nuestra resolución no deriva impunidad para quienes hayan cometido actos delictivos”, dijo.

En representación de los ministros que integran la SCJN, Margarita Beatriz Luna Ramos explicó que las evidencias aportadas para la resolución del caso eran de carácter ilegal, por lo que no puede conferírseles valor probatorio.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede resolver basándose en pruebas ilegales. En el caso concreto, la premisa de la que parte la solicitud de investigación fue una grabación obtenida en franca violación al artículo 16 de la Constitución y, por tanto, no tiene valor probatorio alguno, según lo determina el propio precepto constitucional en su párrafo décimo”, añadió.

Luna Ramos recordó que la investigación sobre las violaciones graves a las garantías individuales de Lydia Cacho fue solicitada a la SCJN por las Cámaras de Diputados y Senadores, luego de que se difundiera la grabación de una conversación telefónica entre el gobernador de Puebla y el empresario acusado de pederastia, Kamel Nacif; en la que éste último le agradece al “gober precioso” la detención y escarmiento conferidos a la periodista, quien denunció en el libro “Los Demonios del Edén” la existencia de una red de prostitución infantil con operaciones en el estado de Quintana Roo.

A criterio de la Corte, dicha grabación carece de valor probatorio, debido a que se obtuvo de manera ilegal, sin que existiera una orden judicial para realizarla.

Así pues, la ministra informó que la SCJN avalaría la existencia de violaciones graves a las garantías individuales únicamente si se demostraba que el gobernador del Puebla orquestó una concertación con la Procuraduría de Justicia y autoridades judiciales del mismo estado, para perjudicar a Lydia Cacho, lo cual no ocurrió.

“El debate sobre la legalidad o ilegalidad de este tipo de pruebas ha sido resuelto por la doctrina, la jurisprudencia, la ley y, por supuesto, la propia Constitución en el sentido indicado; es decir, que carecen de valor probatorio absoluto”, sentenció.

Luna Ramos explicó que el problema radica en una consideración técnica:

“Es a partir de pruebas, y sólo de pruebas legalmente presentadas, como pueden valorarse la legalidad y la constitucionalidad de los hechos que se someten a la jurisdicción de la Corte. Se trata de una consideración técnica, que soporta la justicia y que da solidez al funcionamiento de todo el sistema judicial de nuestro país”, afirmó.

Para concluir, la representante de la SCJN aseguró que el Tribunal actuó en apego a derecho, aún cuando su resolución sea incomprensible para la sociedad.

“La jurisdicción debe ejercerse siempre en libertad. Libertad, a fin de poner siempre primero al derecho. Libertad, que implica la obligación de hacer siempre lo debido y no lo que resulta popular y, a veces, de fácil comprensión para grupos muy numerosos de la sociedad”, concluyó.