Otorga Suprema Corte derecho de audiencia a Marín.
Laura Rivas/PI
Martes, 26 de Junio de 2007
| La investigación del ministro Silva Meza comprobó que el gobierno de Mario Marín cometió delitos de tortura. Foto PI/Octavio NAVA
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México D.F., 26 de junio.- En una controvertida decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó su dictamen sobre la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, para otorgar derecho de audiencia al gobernador del estado de puebla Mario Marín.
Tras escuchar el resultado de la investigación presidida por el ministro Juan N. Silva Meza, en la que se demuestran actos de confabulación por parte de las autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo, en perjuicio de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, la SCJN consideró necesario otorgar derecho de audiencia a los implicados, debido las consecuencias políticas que tendrá el fallo.
De acuerdo con el informe, queda comprobada la confabulación del gobernador del estado de Puebla, Mario Marín Torres, del presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Guillermo Pacheco Pulido, así como de una larga lista de funcionarios estatales, para privar de sus garantías individuales a la periodista Lydia Cacho, tras haber denunciado, en su libro “Los demonios del edén”, una poderosa red de pederastia que opera en el estado de Quintana Roo.
La Suprema Corte decidió, con ocho votos a favor y tres en contra, que postergará su dictamen hasta aprobar las normas que seguirá en este tipo de investigaciones, se dé a conocer el contenido de la pesquisa del ministro Silva Meza a los implicados y se les brinde la oportunidad de verter su opinión, defensa o pruebas.
Lo anterior debido a que los ministros consideraron pertinente escuchar nuevamente a todas las partes implicadas antes de emitir sus conclusiones, ya que éstas podrían derivar en un juicio político contra en del gobernador y funcionarios del estado de Puebla.
La investigación del ministro Silva Meza comprobó que el gobierno de Mario Marín cometió delitos de tortura, aplicación discrecional de la ley, alteración del proceso judicial, trato diferenciado y discrecionalidad en contra de Lydia Cacho.
Asimismo, el documento otorga vastas pruebas sobre la existencia de redes de pederastia en el estado de Quintana Roo, y la reiterada violación a los derechos humanos de infantes en, por lo menos, mil quinientos casos.
El ministro Silva Meza, tras expresar su rechazo a la decisión de la Corte, e instar a los ministros a cambiar de opinión, dio por concluida su participación como presidente de la Comisión Investigadora sobre el Caso Lydia Cacho.
En diciembre de 2005 la periodista fue detenida en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y trasladada con violencia al estado de Puebla para encarar una acusación de difamación interpuesta por el empresario Kamel Nacif, a quien la periodista acusó, en su libro, de operar una red de prostitución infantil.
