Recibe SCJN informe preliminar sobre caso Atenco.
Laura Rivas/PI
Jueves, 13 de Marzo de 2008
| El informe preliminar entregado a la SCJN indica que en tres ocasiones se realizaron inspecciones en Texcoco. Foto:PI/Jorge Dan LOPEZ
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México, D.F. La Comisión Investigadora de las presuntas violaciones graves a los derechos humanos ocurridas el año pasado en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, presentó hoy un informe preliminar sobre el caso ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los magistrados de Circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, presentaron un informe de 205 mil 600 hojas, en el que exponen el resultado de la investigación realizada en torno a la actuación de los cuerpos policiales, el gobierno del Estado de México y la federación, los días el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San salvador Atenco.
De acuerdo con información difundida por la SCJN, los magistrados informaron que examinaron la actuación de las autoridades para establecer si pudieron haber cometido violaciones graves de garantías individuales, pero sin calificar o juzgar la legalidad de los hechos.
El informe preliminar entregado a la SCJN indica que en tres ocasiones se realizaron inspecciones en Texcoco y dos veces en San Salvador Atenco, además de que se visitaron cuatro academias de policía, tres en el Estado de México y una de la Policía Federal Preventiva.
Los magistrados explicaron que, una vez conocidos los principios que rigen y limitan el uso de la fuerza pública, se profundizó en el conocimiento de las corporaciones policiales que intervinieron, lo que permitió saber sus cualidades, destrezas, aptitudes, equipamiento, remuneraciones y riesgos; así como sus carencias y grado de capacitación.
Asimismo, la Comisión investigó al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) el cual, junto con otras organizaciones, intervino en los hechos que motivaron los operativos policiales. Acerca de dicho organismo, se analizaron sus orígenes, forma de proceder en las manifestaciones y las acciones en las que se vieron directamente afectados sus integrantes por actos del gobierno.
Las conclusiones sobre la existencia o no de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por mandos policíacos del Estado de México no fueron difundidas públicamente, por considerarse confidenciales de acuerdo con el reglamento de la Corte.
El pleno del Alto Tribunal de Justicia comisionó al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para que prepare una propuesta de dictamen, la cual será discutida en los próximos días, antes de emitir la sentencia definitiva sobre el caso.
