Secretario del Trabajo acusado de favorecer a UNEFON
Prensa Internacional
Martes, 13 de Mayo de 2008
| Los diputados del PRD demandan la inmediata renuncia del secretario del Trabajo. Foto:PI/Dan LOPEZ
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MEXICO, D.F. Los diputados Pablo Trejo Pérez y Andrés Lozano Lozano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron un punto de acuerdo en el que solicitan la renuncia del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, por favorecer económicamente a la empresa de telefonía UNEFON, en perjuicio del erario público.
Asimismo, ambos legisladores solicitan también la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, a fin de que informe sobre los actos y omisiones en que incurrieron diversos servidores públicos para beneficiar a la telefónica.
Los diputados Trejo Pérez y Lozano Lozano demandan que la Cámara de Diputados solicite la inmediata renuncia del secretario del Trabajo, toda vez que existen elementos suficientes para determinar su probable responsabilidad como servidor público y daño al erario, cometido en su gestión al frente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
En particular, señalan que el actual secretario del Trabajo, quien estuvo al frente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, llevó al gobierno federal a pagar la cantidad de 550 millones de pesos a la citada empresa.
Por otra parte, solicitaron que se investigue la demanda interpuesta por UNEFON a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el pago de otros 3 mil 57 millones de pesos, por concepto de intereses.
Trejo Pérez relató que en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, la Auditoría Superior de la Federación constató que UNEFON resultó ganadora de 18 títulos de concesión que amparan 27 bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico por lo que debía pagar, incluido el impuesto al valor agregado, 3 mil 14 millones, 40 mil 700 pesos.
De acuerdo con el procedimiento correspondiente, la empresa estaba obligada a pagar el 20 por ciento de la cantidad indicada dentro de los 30 días siguientes a la emisión del fallo del Pleno de la Cofetel, en tanto que el 80 por ciento restante sería cubierto en los 90 días hábiles siguientes.
El diputado explicó que la primera de las obligaciones fue debidamente cumplida, al acreditarse un pago por 524 millones 181 mil pesos, sin embargo, al no poder cubrir el saldo total a su cargo, la empresa solicitó a la Cofetel una prórroga de 180 días.
El pleno de la Cofetel, en ese momento encabezado por Javier Lozano Alarcón, indebidamente resolvió otorgar al solicitante la prórroga requerida, por un plazo adicional de hasta 180 días naturales, y condicionó dicha prórroga al pago de intereses que se generaran sobre el saldo insoluto del 80 por ciento de la contraprestación.
De acuerdo con información difundida por la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la actuación del pleno de la Cofetel vulneró la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
“En el análisis documental realizado por la ASF, se obtuvo que el 29 de septiembre de 1998, UNEFON solicitó a Cofetel retirar la exigencia del pago de intereses tras la prórroga, aduciendo ilegalidad en el cobro de los mismos”, explicó el diputado.
Previamente, el 26 de marzo de 1999, UNEFON solicitó directamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una segunda prórroga para cubrir el saldo faltante, que en esa fecha ascendía a 2 mil 96 millones, 724 mil pesos, más IVA, equivalentes al 80 por ciento de la contraprestación más los intereses por 453 millones 681 mil 300 pesos.
No obstante la inconformidad manifestada por la empresa respecto del pago del anticipo, el 29 de marzo de 1999 la segunda prórroga también fue concedida, nuevamente con la participación determinante del entonces presidente de la Cofetel Javier Lozano, y, del mismo modo, se condicionó al pago de intereses sobre saldos ifaltantes a que tenía derecho el gobierno federal.
“Otra vez las autoridades actuaron completamente al margen de toda disposición legal”, indicó Trejo Pérez.
El 6 de septiembre de 1999, UNEFON solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que le informara los fundamentos y las razones por las cuales la Cofetel le exigía el pago de la contraprestación con intereses, obteniendo respuesta de esa dependencia el 14 de septiembre del mismo año, en el sentido de que debía sujetarse a los términos de la resolución en la que se determinaba el pago de intereses.
En tal virtud, el 6 de octubre de 1999, UNEFON interpuso un recurso de revisión ante la propia SCT e impugnó directamente el pretendido cobro de los intereses.
La SCT desechó el recurso y notificó de esto a UNEFON el 11 de febrero de 2000, es decir, cinco días después de vencido el plazo de cuatro meses que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para que la autoridad resuelva los recursos.
El retraso en la notificación generó que la empresa promoviera juicio de nulidad ante la Primera Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El resultado del juicio fue una sentencia favorable a los intereses de UNEFON.
Los diputados Trejo Pérez y Lozano Lozano, explicaron que el 1 de agosto de 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconoció la ilegalidad del cobro de los intereses y el 29 de noviembre de 2006, el entonces titular de esa dependencia, Pedro Cerisola, devolvió a Unefon 550 millones de pesos, quedando a deber 46 millones más de un monto total de 596 millones pagados originalmente, los cuales se incrementaron a poco más de 3 mil 50 millones por la actualización de intereses.
“De los hechos se desprende que presuntamente hubo una indebida gestión del actual secretario del Trabajo mientras presidió la Cofetel y, además, es incontrovertible que la indebida fijación de intereses a cargo de la empresa Unefon, representa un severo detrimento en el erario público”, concluyeron.
