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Amnista Internacional informa que defensor derechos humanos sale Pas


Jueves, 24 de Mayo de 2012

Defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales, saldr temporalmente del pas.       ver galería

El da de hoy, el Centro de Derechos Humanos de la Montaa Tlachinollan denunci que Vidulfo Rosales Sierra, abogado de la organizacin y beneficiario de medidas provisionales decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), recibi en fecha reciente una amenaza annima.

El texto en cuestin hace alusin a los casos que acompaa la organizacin y seala: LICENCIADITO DE MIERDA, DEJA DE DIFAMAR A LAS AUTORIDADES, YA NOS DEBES VARIAS EN TODO TE METES LA PAROTA, LAS DISQUE MUJERES VIOLADAS Y AHORA CON LOS VNDALOS AYOTZINAPOS CLLATE [] TE VAS A MORIR.

Respecto de estos hechos, Tlachinollan present formalmente una denuncia de hechos ante la Encargada de Despacho de la Procuradura General de Justicia del Estado de Guerrero, Lic. Martha Elba Garzn Bernal. Representantes de la organizacin y el propio abogado Rosales Sierra sostuvieron tambin una reunin con altos funcionarios del Gobierno del Estado de Guerrero, encabezado por ngel Aguirre Rivero. Lamentamos que a dicha reunin no hayan asistido altos representantes del Gobierno Federal para refrendar compromisos y asegurar la eficacia de las medidas discutidas.

Las organizaciones nacionales e internacionales que suscribimos la presente externamos nuestra preocupacin por las amenazas en contra del defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaa Tlachinollan. stas constituyen una represalia directa al trabajo que dicha organizacin realiza colectivamente en la defensa y promocin de los derechos humanos de la poblacin guerrerense desde hace ms de 18 aos.

El propio texto del annimo hace ver que las amenazas estn dirigidas a inhibir las actividades que el equipo de Tlachinollan despliega en acompaamiento de vctimas de violaciones a derechos humanos, en casos como la represin contra los estudiantes de la Normal Rural Ral Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida apenas el pasado 12 de diciembre de 2011.

Por ello, demandamos a las autoridades estatales y federales que de manera inmediata y urgente se implementen de manera efectiva las medidas de proteccin solicitadas para garantizar la seguridad e integridad del defensor Vidulfo Rosales Sierra, la de su familia, as como la del equipo que conforma Tlachinollan.

Asimismo, por las implicaciones de la amenaza y el degradado contexto guerrerense, se solicita que las autoridades estatales y federales lleven a cabo todas las acciones necesarias y de manera coordinada con los interesados para garantizar que la investigacin sea efectiva. Mientras ello ocurre, el defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra, saldr temporalmente del pas.

Para las organizaciones que suscribimos la presente, la situacin que ahora enfrenta el Centro de Derechos Humanos de la Montaa Tlachinollan es reflejo del deterioro de la situacin en que los defensores y las defensoras realizan su labor a lo largo del pas. Pese al publicitado anuncio de nuevos instrumentos como el mecanismo de proteccin a defensores y la ley recientemente aprobada en la materia, los hostigamientos y las agresiones contra activistas siguen acumulndose, orillando a algunos a dejar el pas, sin que los gobiernos estatales y el Gobierno Federal implementen medidas efectivas de seguridad.
Por otra parte, a pesar de lo declarado por el Gobierno Federal, el mecanismo de proteccin en realidad todava no existe hoy da.

Es esencial que se ponga en marcha con la participacin de altos representantes del gobierno federal para asegurar el diseo e implementacin de las medidas de proteccin acordadas para asegurar su eficacia en las entidades federativas, donde las defensoras y los defensores enfrentan los ms significativos riesgos.

El clima de adversidad para las defensoras y los defensores de derechos humanos en Guerrero se ha venido acrecentando en aos recientes, como lo evidencian los asesinatos de Ral Lucas Luca y Manuel Ponce Rosas, ocurridas en 2009; las amenazas contra Abel Barrera, reiteradas en 2010; la desaparicin de Eva Alarcn y Marcial Bautista, sucedidas en 2011 y la criminalizacin ilegtima del defensor Na Savi Maximino Garca Catarino, verificada apenas unos meses atrs, en el presente 2012.

Todos estos casos quedan impunes, agravando la situacin de inseguridad para los y las defensores. A efecto de impedir que se consumen atentados irreversibles contra el equipo de Tlachinollan, urgimos a la adopcin urgente de medidas de seguridad y respaldamos la labor del Centro de Derechos Humanos de la Montaa. Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de cualquier atentado en contra de sus integrantes.

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