En defensa del sistema de seguridad y justicia comunitaria

El Discurso/Tlachinollan
Viernes, 06 de Septiembre de 2013

Estas formas de vida y de organización de los pueblos nos muestran claramente las raíces de una civilización. Foto: PI/Francisco Gómez

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El linchamiento mediático que han emprendido las grandes televisoras contra los movimientos de autodefensa ciudadana de Guerrero, muestra el talante autoritario y excluyente de quienes teniendo el poder económico y el monopolio televisivo, no toleran que la población pobre tome en sus manos las armas para proteger sus derechos y defenderse contra la delincuencia organizada.

Estos levantamientos que se han multiplicado en varias comunidades y municipios del estado, no tienen otro fin que contener la violencia criminal y restablecer el orden. No obstante esto, los emporios televisivos se empeñan en generar una opinión adversa contra los pueblos indígenas y campesinos, como si no tuvieran derecho a coexistir en condiciones de igualdad en nuestro país.

La visión rígida y homogénea de un país de ricos, blancos, citadinos y neoliberales occidentalizados les ha hecho creer que son dueños de la verdad y que nadie que no sea de su clase, puede atreverse a desafiar el sistema imperante. Ven las especificidades culturales, lingüísticas, organizativas, cosmogónicas, políticas y jurídicas de los pueblos originarios como reminiscencias de un pasado que nos sumió en el atraso y que nada tienen que ver con la grandeza histórica de nuestro país.

Estas formas de vida y de organización de los pueblos nos muestran claramente las raíces de una civilización que tiene otras coordenadas políticas y otra matriz cultural que se condensan en los sistemas normativos comunitarios y que nos remiten a los años gloriosos de las culturas precolombinas, que no sabían de leyes occidentales, que solo llegaron para violentar los derechos de los dueños de estos territorios y para expoliar sus riquezas.

A los ciudadanos y ciudadanas que se han organizado para la autodefensa, se les trata como hordas que se hacen justicia por propia mano, reproduciendo el arquetipo del buen salvaje que vive en la prehistoria de Occidente. Estos juicios sumarios por parte de quienes se ostentan como los especialistas de cualquier tema, por el simple hecho de tener un micrófono abierto y de aparecer en la pantalla ante millones de televidentes, son los que proyectan las fobias, los prejuicios, los etnocentrismos y las visiones racistas de las elites económicas y políticas que se asumen como una casta superior, que trata a los pueblos como parte de los vestigios del México bárbaro.

Por su parte las autoridades federales y estatales han diseñado una estrategia de contención y desmovilización de los grupos de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa con la creación de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Guerrero (Cadepi), que “pretende ser punto de promoción focalizado, que coordine y promueva políticas integrales, orientadas al desarrollo indígena, a fin de darles un puntual seguimiento y evaluación; pero que sea a la vez un órgano de consulta de las dependencias federales, estatales y municipales y tomen en cuenta las propuestas ciudadanas, generando con ello, oportunidades más equitativas y de progreso”, según lo planteado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Esta comisión se adscribe al propósito del gobierno federal de “generar políticas públicas que construyan fundamentalmente equidad; de lograr que los pueblos indígenas ejerzan, en la práctica, los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos; de garantizar el acceso a la justicia, a la educación, a la salud y a la infraestructura, que reviertan el injusto rezago en sus derechos y la brecha que los separa para alcanzar el bienestar que merecen”. Con este fin el presidente Enrique Peña Nieto creó la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, nombrando como titular al arquitecto Jaime Martínez Veloz, quien se desempeñó hace más de dos sexenios como coordinador de la Comisión para el diálogo y la negociación en Chiapas.

El planteamiento central es convocar a los pueblos indígenas y campesinos para que presenten sus demandas básicas y centren su atención en la construcción de obras de infraestructura. Las autoridades comunitarias en lugar de abanderar las luchas de sus pueblos para defender sus territorios; de aplicar su sistema de justicia y seguridad y de ejercer su derecho al autogobierno, ahora se transformarán en gestores y chalanes de las empresas constructoras.

Con esta visión desarrollista se busca controlar a los movimientos sociales disidentes y generar nuevas clientelas políticas, que varias de ellas están ávidas de recibir recursos financieros. Se busca meter a las comunidades y organizaciones a una dinámica de entretenimiento burocrático con la promesa de que recibirán su premio o recompensa.

Junto con esta oferta de obras, vienen etiquetados los condicionamientos políticos; disolver los grupos de autodefensa, quitar los puestos de control, entregar a los detenidos, no aplicar justicia conforme a sus usos y costumbres y a cambio de todo esto, imponer un decreto que quiere cavar la tumba de los derechos conquistados por los pueblos indígenas de Guerrero, como es el sistema de seguridad y justicia comunitaria creado hace más de 17 años y reconocido por normas internacionales, nacionales y estatales.

Esta ofensiva gubernamental no solo busca desactivar el malestar social y las formas de autodefensa comunitaria, sino tiene la intención de meter en cintura a los pueblos indígenas que ejercen su derecho a la libre autodeterminación y que lo aplican dentro de su propia jurisdicción. Han aprovechado esta crisis de seguridad para desacreditar el trabajo de la Policía Comunitaria y poner los reflectores sobre ella, con el fin avieso de confundir a la opinión pública. Se alienta la idea de que es una justicia privada que atenta contra los derechos fundamentales de los detenidos y que están actuando fuera de la legalidad.

Ahora resulta que las malas actuaciones de los ministerios públicos, los policías ministeriales, los policías federales, el Ejército y la Marina no son los causantes de la violencia y la inseguridad de la que somos rehenes las y los guerrerenses, sino que para las autoridades, la amenaza está en los grupos de autodefensa y en la Policía Comunitaria.

Por eso, su prioridad es intervenir directamente sobre estas organizaciones, ya sea persuadiendo a sus líderes para trabajar conjuntamente en la Cadepi; planteando una agenda de trabajo vinculada más al desarrollo; proponiendo un decreto para supuestamente darle un estatus legal a la Policía Comunitaria como auxiliar de la policía del estado y entregando diversos apoyos a las organizaciones indígenas y campesinas.

No fue casual que en esta misma semana el Ejército se hiciera acompañar de Televisa, TV Azteca y Milenio Televisión, para promover su imagen de que están combatiendo la siembra de enervantes. Para ello fueron a la región me’phaa de Ayutla, donde encontraron varios cultivos de amapola. Utilizaron el mejor recurso mediático para evidenciar a las comunidades indígenas que han denunciado graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, como sembradoras de cultivos ilícitos.

Con ello colocan en el filo de la navaja a las comunidades que han resistido por muchos años contra los abusos militares, y las ponen ante un escenario adverso porque se han creado las condiciones para que puedan ser afectadas en sus derechos básicos, con el pretexto de la droga. Esta estrategia de contrainsurgencia ha sido aplicada en regiones indígenas, como Chiapas, donde los pueblos se organizan de manera autónoma y luchan por la defensa de su territorio y contra la privatización de sus recursos naturales.

Ahora resulta que los delitos contra la salud no se van a investigar ni se perseguirá a los cárteles de la droga, sino a los pueblos pobres de La Montaña, que como siempre son carne de cañón y son los que padecen los estragos de las políticas represivas de un Estado que no respeta los derechos de los pueblos indígenas. Mientras los grupos de autodefensa de Ayutla luchan contra las bandas del crimen organizado que controlan las redes del narcotráfico en la región, el Ejército se parapeta en La Montaña para declarar la guerra a los indígenas que se organizan y ejercen su derecho a garantizar su seguridad y aplicar su sistema de justicia.

Son varios frentes que han diseñado los gobiernos federal y estatal para cercar e impedir el avance de los pueblos en la defensa de sus derechos y en la consolidación de sus estructuras comunitarias para garantizarse seguridad y justicia. Esta amenaza gubernamental es un momento propicio para cerrar filas en torno al sistema de la CRAC, que es el patrimonio de los pueblos indígenas de Guerrero y de México.

Esta conquista alcanzada a pulso por los pueblos na savi y me’phaa es una contribución enorme para avanzar en el reconocimiento y mayor protección de los derechos de los pueblos indígenas. Esta experiencia exitosa es inédita porque ha sido forjada desde la visión indígena y desde sus propios sistemas normativos. Es producto de la innovación y la creatividad de los pueblos ante los nuevos desafíos de la delincuencia organizada que se ha globalizado.

Esta es la demostración más contundente de que la razón y el derecho de los pueblos no pueden ser ignorados mucho menos arrasados y violentados. No podemos permitir que haya una regresión en el reconocimiento de los derechos colectivos con las acciones que están implementando los gobiernos.

Para ello es importante que los compañeros y compañeras acuerpados en la UPOEG y la CRAC, concentren sus energías y todas sus fuerzas en idear una estrategia sustentada en el diálogo comunitario para defender con ahínco el sistema de justicia y seguridad comunitaria, que es el tesoro más preciado de todos los pueblos de México.

Su capacidad de diálogo y negociación, puesta a prueba en diferentes momentos históricos de la CRAC, ante las diversas amenazas emitidas por las autoridades civiles y militares de desaparecer este sistema, debe aflorar en estos momentos de grandes desafíos. Debe imperar el diálogo franco, la cordura, el respeto, el reconocimiento del otro, la sensatez, la capacidad de escucha, la crítica constructiva, la pasión y el deseo de seguir luchando juntos para consolidar este sistema de justicia y seguridad que es de los pocos ejemplos del país que sí funcionan y que además está inspirado en el derecho indígena, el de los pueblos originarios.