08 de Diciembre de 2019 | La Realidad Política
El Discurso - La realidad política  El Discurso - FacebookEl Discurso - Twitter

Gobierno Vulnera Derechos Humanos ONGS

El Discurso
Miercoles, 04 de Abril de 2012

SEDENA dio claras muestras de que no se sujetar al control civil en tanto no se reforme el Cdigo de Justicia Militar. Foto Octavio Nava       ver galería

Gobierno Vulnera Derechos Humanos ONGS

El 7 de febrero la Secretara de Gobernacin emiti un comunicado en el cual seal que la defensa y proteccin de los derechos humanos son la ms alta prioridad del Gobierno Federal.

En conferencia de prensa, el Secretario de Gobernacin, Doctor Alejandro Poir, present tres puntos a los que se ha comprometido el gobierno del Presidente Felipe Caldern en la materia: 1) Los derechos humanos son una poltica de Estado y deben permear todas las actividades del Estado mexicano, as como estar presentes en la agenda de los tres rdenes de gobierno, 2) El Gobierno Federal seguir trabajando incansablemente a favor del proceso de institucionalizacin de la Comisin Nacional de los Derechos Humanos, y 3) La Estrategia Nacional de Seguridad emprendida por el Gobierno de la Repblica reafirma y fortalece la proteccin de los derechos humanos como uno de sus principales ejes.

Al respecto, las organizaciones de derechos humanos sealamos a partir de hechos concretos, la brecha existente entre el discurso de la Secretara de Gobernacin (SEGOB) y la realidad imperante en el pas a lo largo de todo el sexenio.

En contrapartida de la posicin sostenida por el Secretario de Gobernacin, lo cierto es que no se han implementado con suficiencia y con un alto nivel de prioridad, acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contradas por el Estado mexicano frente a las vctimas como ante la propia comunidad internacional.

Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en contra del Estado mexicano son un importante referente sobre el compromiso real en materia de derechos humanos.

En su conferencia, el Secretario de Gobernacin omiti informar que las cinco sentencias que la CorIDH ha emitido continan incumplidas en sus aspectos ms relevantes, a pesar de que la SEGOB cuenta con un presupuesto asignado de 31 millones 500 mil pesos para el ao 2012.

Ejemplo de ello es que desde el 2009, Ins Fernndez y Valentina Rosendo, continan a la espera de que se presente el plan de implementacin de las medidas relativas al plan de salud, educacin e indemnizaciones para sus hijos e hijas por los daos ocasionados.

Otro tema de particular preocupacin es la falta de implementacin efectiva de medidas de proteccin para las y los defensores de derechos humanos, cuya coordinacin y en casos especficos- es responsabilidad exclusiva de la Secretara de Gobernacin.

De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federacin para el 2012, esta dependencia cuenta con 26 millones de pesos para el diseo y la instrumentacin de un Mecanismo de Proteccin a periodistas y 2 millones 500 mil pesos para los Mecanismos de proteccin a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

Sin embargo, a la fecha no ha sido explicado cmo y en qu se est ejerciendo dicho presupuesto, pues el mecanismo de proteccin para las y los defensores de derechos humanos no se ha puesto en marcha, aun cuando la sociedad civil ha allegado al Gobierno Federal propuestas concretas al respecto.

Peor an, son varios los casos en los que la Secretara de Gobernacin ha fallado en otorgar o reponer medidas de proteccin ordenadas por instancias internacionales.

Ejemplo de ello es lo que ocurre en el estado de Guerrero, donde 107 defensores y defensoras de derechos humanos cuentan con medidas provisionales ordenadas por la CoIDH, pues desde el ao 2009 dichas medidas se han limitado a la entrega de cuatro aparatos de comunicacin a las personas beneficiarias, de los cuales ninguno funciona desde agosto de 2011, sin que se adopten acciones para su reparacin.

Igualmente, ejemplifica la inadecuada implementacin de las medidas provisionales, la persistencia de patrones de criminalizacin ilegtima de defensores comunitarios, como en el caso de Maximino Garca Catarino, defensor Na Savi (mixteco) preso en Ayutla de los Libres, Guerrero, desde el pasado 21 de enero de 2012 por un delito que no cometi, aun cuando es beneficiario de medidas provisionales desde 2009.

La reiterada posicin del Gobierno Federal sobre el Fuero Militar es tambin ejemplificativo de la enorme brecha que se abre entre el discurso y la prctica de las autoridades.

Si bien es patente el reconocimiento hecho por el Secretario respecto de las obligaciones incumplidas, en los hechos se encubre y promueve tal incumplimiento.

Como lo ejemplifica el hecho de que la Secretara de la Defensa Nacional (SEDENA), en representacin del Presidente de la Repblica Felipe Caldern, impugn a principios de este ao la histrica sentencia del 2 de diciembre de 2011, mediante la cual, familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indgena naua que en 2009 fue privado arbitrariamente de la vida por elementos del Ejrcito mexicano, obtuvieron el amparo de la justicia federal en un juicio donde haban impugnado la extensin del fuero militar sobre la investigacin y el juzgamiento de dicha ejecucin extrajudicial.

En el mencionado recurso, a nombre del Presidente Caldern, la SEDENA dio claras muestras de que no se sujetar al control civil en tanto no se reforme el Cdigo de Justicia Militar.

Esto, en abierta contravencin a lo afirmado por el Presidente de la Repblica el 9 de diciembre de 2011, cuando en el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos afirm: Hoy anuncio que he dado una instruccin fundamental a la Procuradura General de la Repblica y a la Secretara de la Defensa Nacional y de Marina, a fin de que exploren mecanismos para que, sin violentar la ley vigente que nos obliga, en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las Fuerzas Armadas, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los Ministerios Pblicos y de los jueces civiles.

Finalmente, el continuo aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de las polticas de seguridad adoptadas en la llamada Guerra contra el Narcotrfico, contradice tambin el discurso del Secretario de Gobernacin, entre el 2006 y el 2011 las violaciones cometidas no han sido investigadas con suficiencia, como afirma el Titular de la SEGOB, sino que en su mayora permanecen en la impunidad.

Cabe sealar que las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Polica Federal que participaban en el Operativo Guerrero Seguro durante el intento de desalojo contra estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, realizado el pasado 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero, no han sido sancionadas conforme a derecho e incluso la propia corporacin intent deliberadamente ocultar informacin y distorsionar los hechos al negar inicialmente la presencia de sus elementos en el lugar.

En materia del cumplimiento de compromisos internacionales tambin se han presentado oportunidades que no han sido tomadas. Por ejemplo, para demostrar con hechos que existe un compromiso real para que los derechos humanos por fin sean el componente principal de la poltica de Estado, el gobierno deber suscribir sin ms demoras el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, as como dar muestras claras de un cambio en su poltica para atender las violaciones de derechos humanos de las personas migrantes.

En esos dos temas, como en muchos otros, no hace falta ms que una decisin de parte del Gobierno Federal para ajustar la poltica exterior al respeto y garanta de los derechos sociales (como ordena el artculo 89 constitucional a partir de la reforma constitucional de derechos humanos del pasado 10 de junio de 2011), en el primer caso, o bien, que su agenda y actividades en verdad se rijan por el respeto, proteccin, la prevencin, investigacin, sancin y reparacin de violaciones de los derechos de las personas migrantes, en el segundo caso.

En ambas cuestiones no slo el Secretario de Gobernacin, sino el propio presidente constitucional tienen la obligacin de mostrar a la sociedad que su compromiso es ms que discurso vaco."

Todos los temas que hemos mencionado anteriormente, ataen directamente a la Federacin. Mencionar la situacin de los estados y la preocupacin por la existente descoordinacin y confianza entre las autoridades estatales y federales exigira otro espacio.
No obstante, el breve recuento que ponemos a consideracin de la opinin pblica basta para evidenciar la enorme distancia que separa al discurso de la Secretara de Gobernacin de la realidad.

Mientras el Gobierno Federal contine negando las deficiencias existentes y los retos pendientes en su justa dimensin, los esfuerzos que se emprendan estarn condenados a no poder revertir una situacin que se ha convertido en insostenible.

Copyright © 2019 El Discurso · eldiscurso.com.mx
powered by

Visitas: 5880147