14 de Noviembre de 2019 | La Realidad Política
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La dcada perdida de las fuerzas armadas

El Discurso / La Jornada / Opinion
Miercoles, 14 de Diciembre de 2016

El alto costo politico del Ejercito contra Narco. Foto Internet       ver galería

El posicionamiento emitido el pasado viernes por el titular de la Secretara de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, sobre la indebida utilizacin de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pblica y combate a la delincuencia, as como su demanda de que el Legislativo elabore un marco jurdico para afrontar una situacin que hoy da es claramente anticonstitucional, ha catalizado y precipitado el debate sobre ese tema, sin duda necesario. Ayer las cmaras de Diputados y Senadores buscaban ponerse de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, con el fin de elaborar un marco normativo de la seguridad pblica, y se anunci la realizacin de foros de consulta al respecto.

Ciertamente urge resolver la grave anomala creada por la administracin federal pasada y mantenida por la actual, pero es preciso tener en mente que la regularizacin de los militares en tareas de seguridad pblica es un asunto riesgoso que podra traducirse en una afectacin grave de derechos humanos y garantas individuales, y por ello es recomendable que el Legislativo acte con prudencia, sensibilidad y fundamento. Si las fuerzas armadas han pasado una dcada asignadas a tareas ajenas a las que marca su estatuto constitucional, con el consiguiente deterioro de su imagen y credibilidad, y si la sociedad ha presenciado en ese lapso la militarizacin creciente del espacio pblico, bien vale la pena tomar el tiempo necesario para encontrar una buena solucin al problema.

Desde luego, hay posiciones encontradas: mientras las cpulas patronales claman por mantener el despliegue militar, as sea de manera temporal, el titular de la Comisin Nacional de los Derechos Humanos, Luis Ral Gonzlez Prez, ha recordado que la seguridad pblica es una funcin que corresponde y debe estar a cargo de instituciones civiles, y que las fuerzas armadas deben volver a sus cuarteles en cuanto las condiciones del pas lo permitan.

Diez aos despus de iniciada la guerra contra la delincuencia organizada y el narcotrfico, que se tradujo, entre otras cosas, en el empleo regular, sistemtico y excesivo de las instituciones castrenses en tal tarea, la realidad indica que ese empeo gubernamental ha fracasado. Pero la reformulacin de una estrategia de seguridad pblica no puede limitarse hoy da a sacar de ella a las fuerzas armadas, porque las corporaciones policiales del pas siguen siendo tan incapaces de asumirla a plenitud como lo eran en 2006, de modo que prescindir de los militares equivaldra a entregar el pas a la delincuencia.

Resulta ineludible, en este punto, constatar que los tres niveles de gobierno han fallado, en estos 10 aos, en restructurar, sanear, moralizar y profesionalizar a las policas, y que ello se ha traducido en un dao inmenso para el pas, sus instituciones y la poblacin. La inutilidad de las reformas legales, los exmenes de confianza masivos y la instauracin de mandos nicos y centros de comando conjunto es inocultable y hace ver que la falla principal ha sido la falta de voluntad poltica para emprender, antes que contra la delincuencia, una batalla real y a fondo contra la corrupcin en el seno de las corporaciones policiales.

En esta perspectiva, la legislacin requerida, en lugar de adulterar el espritu de la norma constitucional para las fuerzas armadas, debe ratificarlo y establecer claramente la excepcionalidad y transitoriedad de su presencia en las calles para enfrentar la delincuencia.

En lo inmediato es necesario dar curso a un proceso de consulta en el que puedan escucharse todas las voces y evitar albazos y legislaciones al vapor, frutos caractersticos de los periodos extraordinarios de sesiones en el Congreso de la Unin. El problema es tan acuciante y grave que amerita ser resuelto con calma.


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