No hay democracia, sin el respeto a los Derechos humanos: Ministro Zaldívar

El Discurso
Lunes, 11 de Junio de 2012

Se trata de lograr que el Estado mexicano sea eficaz, transparente, respetuoso, expresó el Ministro. Foto: PI/Fernando Castillo

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Ante la crisis de seguridad y de violencia que vive el país, el Poder Judicial de la Federación (PJF) garantiza que se respeten los derechos humanos, porque no hay nada que justifique su violación, afirmó el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al aseverar que en un sistema democrático y de regularidad constitucional, la autoridad tiene la obligación de ser eficaz respetando de manera indeclinable los derechos humanos de las personas.

Al dictar la conferencia magistral La reforma constitucional en derechos humanos: nuevos paradigmas para su garantía, durante el Encuentro Internacional: A 10 años del Derecho de Acceso a la Información en México, organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), indicó que proteger los derechos humanos significa un gran reto para todos los mexicanos y los operadores jurídicos.

“Se trata de lograr que el Estado mexicano sea eficaz, transparente, respetuoso, rinda cuentas y que al mismo tiempo respete indeclinablemente los derechos humanos, porque sin ello, no hay democracia posible”, dijo.

A un año de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el Ministro Zaldívar afirmó que cualquier disposición en materia de derechos humanos, cualquier debate, cualquier conflicto, debe ser interpretado bajo el principio pro personae, es decir, que el sentido de la resolución favorezca a la persona.

De esta manera, subrayó el Ministro Zaldívar, todos los jueces deben someterse a lo que marca la Constitución en defensa de los derechos humanos.

En el evento, en el que estuvo presente la comisionada presidenta del IFAI, Jaqueline Peschard, el Ministro Zaldívar Indicó que la labor de la Suprema Corte es afinar los criterios del control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad; en tanto que la labor de los legisladores será prever recursos y medios de defensa para evitar que ciertas resoluciones sean contrarias a la Constitución.

Otro punto que se debe rescatar de la reforma, consideró, es el relativo al párrafo tercero del artículo 1° constitucional, en el sentido de que todas las autoridades mexicanas tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y de progresividad. Por lo que, a partir de ahora cualquier autoridad de gobierno, legislativa y jurisdiccional, requiere tener en consideración estas finalidades y principios.