Senado deroga autoridad de Gonzales de designar fiscales

AP
Martes, 20 de Marzo de 2007

La votación se produjo en momentos en que Gonzales y la Casa Blanca se preparaban para enfrentar más dificultades. Foto:AP

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Washington, EE.U. 20 de marzo. El Senado votó por abrumadora mayoría el martes a favor de derogar la autoridad del gobierno de designar fiscales federales sin aprobación senatorial, como respuesta al escándalo que envuelve al secretario de Justicia Alberto Gonzales por la destitución de varios fiscales.

Por 94 votos a favor y dos en contra, la cámara alta aprobó la moción que cancela la cláusula en la ley antiterrorista conocida como Ley Patriota, que permitía al secretario de Justicia designar fiscales sin confirmación senatorial.

Los demócratas denuncian que el gobierno de George W. Bush abusó esa autoridad al despedir a ocho fiscales federales y propuso reemplazar a algunos con fiscales incondicionales de la Casa Blanca.

Horas antes, Gonzales había recibido una llamada del presidente Bush en que el mandatario le expresó su enfático apoyo. Gonzales, el hispano de mayor jerarquía en el gobierno estadounidense, es amigo de larga data de Bush.

"Si permitimos que se politicen los fiscales, estaríamos permitiendo que se politice a todo el personal de las agencias judiciales", dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales, el demócrata Patrick Leahy.

Según la ley _que aun tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes_, cuando haya una vacante en el cargo de un fiscal federal, el gobierno tendría 120 días para designar a un fiscal interino. Si el Senado no lo confirma en ese plazo, un reemplazo permanente deberá ser designado por un juez federal de distrito.

En esencia, el Senado hizo que la ley relativa a los nombramientos de fiscales federales volviera a ser como era antes de que el Congreso aprobara la Ley Patriota, lo cual incluía la facultad unilateral para efectuar nombramientos, algo que el gobierno había buscado obtener después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.

La votación se produjo en momentos en que Gonzales y la Casa Blanca se preparaban para enfrentar más dificultades a consecuencia de los despidos. La presidencia también negó los reportes de que estaba buscando posibles reemplazos de Gonzales. "Esos rumores son falsos", dijo Dana Perino, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca.

Bush llamó a Gonzales desde la Oficina Oval a las 7:15 de la mañana y hablaron varios minutos en torno al escándalo político por los despidos de los fiscales, un asunto que ha colocado al secretario de Justicia en el centro de una controversia y que ha suscitado dudas sobre si podrá sobrevivir políticamente. La Casa Blanca dio a conocer la llamada telefónica de Bush para respaldar a Gonzales y con ello intentó recabar apoyo de los republicanos para él.

En una reunión posterior con reporteros, Tony Snow, el secretario de prensa de la Casa Blanca, consideró que la llamada de Bush al secretario de Justicia era "un voto de confianza muy firme".

Snow dijo que Bush cree que los despidos fueron justificados.

"Déjenme ponerlo de esta forma: Nadie fue despedido por recriminación partidista, ni nadie fue retirado de su puesto con el fin de intentar influir en la dirección de investigaciones en curso", señaló Snow.

Dijo que los reportes de que Bush está buscando un sustituto para Gonzales "son totalmente falsos, punto".

Sin embargo, a medida que fue transcurriendo el día la situación de Gonzales se volvió cada vez más difícil, después de que otro republicano, el representante Tom Tancredo, pidió su renuncia.

"En repetidas ocasiones, Alberto Gonzales ha mostrado que no está dispuesto a hacer cumplir la ley y es incapaz de manejar el Departamento con eficacia", dijo Tancredo, que también ha sido aspirante a la presidencia. "Aunque no creo que el despido de estos ocho funcionarios políticos designados garantice el despido del señor Gonzales, la forma totalmente inadecuada como ha manejado el asunto es simplemente la más reciente en una serie de fallas de liderazgo en el Departamento de Justicia".

La llamada de Bush se produjo en momentos en que investigadores del Congreso revisan 3.000 páginas de correos electrónicos y otros materiales relativos al despido de los fiscales. El escándalo se centra en denuncias de que los fiscales fueron destituidos por motivos políticos, y algunos de los fiscales han denunciado que fueron presionados por partidistas republicanos y que al final fueron destituidos por negarse a procesar a opositores o a obedecer órdenes de jerarcas republicanos.

El gobierno niega que los despidos fueron inapropiados, aunque Bush se ha expresado insatisfecho por la manera en que fueron explicados al Congreso.

Algunos de los documentos revelan temores en el gobierno de que se encuentren procedimientos ilegales detrás de dichos despidos si se analizan cuidadosamente.