Justicia, demandan al conmemorar la represión en Ayotzinapa

El Discurso
Sábado, 15 de Diciembre de 2012

Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, normalistas ejecutados. Foto Especial

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En un ambiente enrarecido tanto por la injustificada decisión de suspender labores en las sedes de los poderes Legislativo y Ejecutivo como por las lamentables declaraciones del Gobernador Ángel Aguirre Rivero en contra de la comunidad de defensores de derechos humanos, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa conmemoraron el primer aniversario de la represión ocurrida el 12 de diciembre de 2011, cuando una protesta estudiantil fue respondida con el uso excesivo e irracional de la fuerza pública.

A efecto de conservar la memoria de los hechos, los normalistas convocaron a una marcha y celebraron pacíficamente una ceremonia religiosa en las inmediaciones del sitio donde hace un año el reclamo estudiantil fue respondido con la fuerza letal. Durante este acto, presentaron su testimonio y exigieron justicia los familiares de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, normalistas ejecutados extrajudicialmente. Del mismo modo, intervinieron varios de los estudiantes que fueron detenidos y torturados durante esa jornada. Finalmente, intervino también Miguel Álvarez Gándara, integrante de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y vocero de la Comisión Civil de Interlocución creada después de los hechos.

Adicionalmente, durante la conmemoración, externaron su solidaridad con la lucha estudiantil de Ayotzinapa múltiples organizaciones civiles, sociales, sindicales y campesinas.

Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la conmemoración de la represión del 12 de diciembre confirma una vez más el carácter pacífico de las manifestaciones con que los normalistas han reclamado justicia. Los actos de protesta no tienen como fin generar violencia contra las instituciones sino exigir que el estado cumpla con sus obligaciones de fortalecer una educación pública y sobre todo hacer justicia a las víctimas. Igualmente, el recuerdo de las violaciones a derechos humanos cometidas hace una año permite insistir una vez más que la gravedad de lo ocurrido exigía una respuesta estatal integral para garantizar justicia, verdad, reparaciones y, sobre todo, la no repetición de los hechos.

No obstante, a 12 meses de distancia, aspectos centrales de lo ordenado en la histórica Recomendación 1VG/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) permanecen incumplidos. Especialmente, preocupa que sólo se encuentren sujetos a proceso penal dos policías ministeriales, como autores materiales, bajo una acusación formulada deficientemente por la Procuraduría del Estado, que podría ser revertida por la Justicia Federal debido a dichas deficiencias. Asimismo, no se ha avanzado en el juicio político instaurado en contra de quienes ocuparan los cargos de Secretario de Seguridad Pública y Procurador General de Justicia del Estado; por el contrario, las posiciones sostenidas por diversos legisladores en la reciente comparecencia de los estudiantes ante el Congreso puso en evidencia que dicho juicio tiende a exonerar a los exfuncionarios sujetos a ese proceso.

En cuanto a otras medidas de no repetición, es de señalar que hasta ahora no se han adoptado las reformas legislativas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el estado de Guerrero, pese a que la sociedad civil ha presentado una iniciativa que cumple con los estándares internacionales en la materia. Atendiendo a ello, considerando también que la tortura no ha sido sancionada penalmente y que poco a poco han vuelto a ocupar posiciones en la Procuraduría General de Justicia del Estado personas que se vieron implicadas en la siembra de evidencia y la tortura, es posible afirmar que en el presente podrían volver a ocurrir los hechos que el 12 de diciembre de 2011 culminaron en el intento de incriminar a un estudiante mediante la tortura y la introducción de un arma AK47 en el lugar de los hechos por parte del personal ministerial.

Finalmente, no se han tomado medidas extraordinarias para defender y vigorizar el proyecto de educación pública rural que inspira a la Normal de Ayotzinapa, y que hoy resulta tan necesario en la entidad.

Las graves violaciones a derechos humanos ocurridas el 12 de diciembre de 2011 permanecen en la memoria de la sociedad guerrerense y marcan, de forma indeleble, al gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Lo que ahí sucedió no fueron “lamentables hechos” sino graves violaciones a los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales y, en esa medida, siguen exigiendo respuestas extraordinarias que, en tanto no lleguen, seguirán siendo exigidas por las víctimas, sus familiares y las organizaciones civiles.